Informe detalla más de 100 mil casos de trabajadores no inscritos en sistema oficial, generando dudas sobre la gestión administrativa y posibles «funcionarios fantasmas».
Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), dado a conocer este martes, puso en evidencia una significativa diferencia entre el personal que labora en las municipalidades del país y los registros del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (Siaper). El estudio arrojó que aproximadamente uno de cada cinco individuos vinculados a la administración municipal no figura en este sistema.
En cifras concretas, el informe señala la existencia de 106 mil personas en esta situación a nivel nacional. Este hallazgo ha suscitado interrogantes respecto a la posible existencia de los denominados «funcionarios fantasmas» o, en su defecto, la presencia de serias «deficiencias en los procesos administrativos y de control interno de las municipalidades a lo largo del país».
El análisis, basado en datos proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos (SII), identificó las cinco comunas con el mayor número de personas en esta condición irregular. Específicamente, los municipios con la mayor cantidad de personas no identificadas son: Santiago (2.081), Talcahuano (1.764) y El Bosque (1.544).
Adicionalmente, el informe de la Contraloría revela que Arica lidera la lista de comunas con actos administrativos no registrados en el sistema Siaper, alcanzando los 17.217 casos. Le siguen, en orden descendente, Caldera (12.809), Huara (10.926), Copiapó (8.739) y Curanilahue (6.902).
Del total de 345 municipios a nivel nacional, 231 cumplieron satisfactoriamente con el proceso de registro. Sin embargo, el informe destaca que un 43% de los actos administrativos reportados por estas entidades locales «no se encuentran asentados en la plataforma SIAPER».
Municipios que omitieron la entrega de información
El reporte de la CGR también aborda el incumplimiento de la normativa vigente. Según el documento, «a pesar de la obligación legal establecida en la Ley N°18.695, que exige a las municipalidades comunicar a la Contraloría General de la República los actos administrativos relativos a su personal para su inscripción en el sistema de control del ente fiscalizador, se ha constatado un incumplimiento generalizado de esta normativa en numerosos casos».
Además, se detectaron municipios que no solo «omitieron responder a la solicitud de información de la Contraloría», sino que también presentan un número considerable de personas que «recibieron pagos por rentas u honorarios durante los años 2022 y/o 2023 sin estar inscritas en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado».
De acuerdo con el órgano de control, entre las municipalidades que no entregaron información, Santiago, El Bosque y Puerto Montt encabezan la lista con la mayor cantidad de individuos sin registro. Les siguen Coronel, Tomé, Curicó, Alto Hospicio, Lebu, Santa Bárbara y Chiguayante.
