CORRUPCIÓN SIN COLOR — CAPÍTULO 9: Del asfalto a los cuarteles: cuando fiscalizar y mandar se convierten en negocio

Por Unidad de Investigación de Radio Siglo 25

Por equipo de investigación de Radio Siglo 25. Basado en fuentes públicas citadas al final de este reportaje. Fecha de consulta de las fichas originales: 18 de julio de 2026. Esta versión incorpora una verificación adicional de prensa realizada el 22 de septiembre de 2026. Se deja constancia expresa de que ninguna de las personas mencionadas en este reportaje ha sido declarada culpable por sentencia firme, salvo que se indique explícitamente lo contrario. Los términos «formalizado», «imputado» y «acusado» no equivalen a condena.

Dos maneras de fallarle al Estado desde adentro

Este noveno capítulo de «Corrupción sin color» reúne dos casos que, a primera vista, no tienen nada en común: uno ocurre en una oficina regional de Vialidad en el extremo norte del país, entre inspectores fiscales y contratistas de obras viales; el otro ocurre en la cúpula de Carabineros, entre generales que administraban fondos que ni el Congreso podía fiscalizar en detalle. Pero ambos comparten algo que ya es un sello de esta saga: personas que, desde un cargo de confianza —fiscalizar obras públicas, en un caso; custodiar el uso de fondos reservados destinados a inteligencia policial, en el otro— convirtieron esa confianza en una fuente de ingreso personal. Ninguno de los dos casos tiene, además, un color político que lo explique: se trata, en ambos, de funcionarios de carrera.

1. Caso Vialidad: cuando fiscalizar una obra se convierte en un negocio familiar

Modus operandi. Entre mayo de 2018 y diciembre de 2022, el exdirector regional de Vialidad de Arica y Parinacota, Rooney Focacci Yugo, junto a los inspectores fiscales Jorge Padilla Guzmán, Fernando Querquezana Querquezana y Alejandro Aspeé, operó una red para favorecer a empresas contratistas —principalmente la Constructora F.V. S.A. y Delmedh SpA— en la adjudicación y el pago de obras viales en la región. El mecanismo incluyó el pago de la deuda de una tarjeta de crédito del propio exdirector ($13.971.222) a cambio de autorizar un estado de pago de $267.650.866 en la llamada Obra Global Putre, y sobresueldos mensuales de $500.000 pagados a familiares de los inspectores fiscales —entre ellos un hermano, una pareja y una cónyuge— para asegurar que los pagos a las constructoras se tramitaran sin obstáculos.

¿Partido político? No aplica de forma directa: son funcionarios públicos de carrera y particulares, sin cargos de elección popular. Es un detalle aparte, pero revelador del ambiente en que operó el caso: Carlos Opazo Olavarría, asesor legal de la Dirección Regional de Vialidad, continuó trabajando en el servicio defraudado mientras hacía campaña como candidato a consejero regional por el Partido Republicano (partido que después abandonó para pasarse al Partido Nacional Libertario).

El dinero. Las fuentes originales documentan un perjuicio fiscal de al menos $17.608.147 por sobreprecios en las obras adjudicadas, más el estado de pago irregular de $267.650.866 en la Obra Global Putre —viciado por el pago de la deuda de tarjeta de crédito— y los sobresueldos de $500.000 mensuales a familiares de los fiscalizadores.

¿Devolución de dinero? No se reporta en las fuentes revisadas una restitución al Fisco de estos montos.

Estado a julio de 2026 (según la ficha original). El caso tenía dos etapas: «Caso Vialidad», formalizada el 11 de agosto de 2023 con prisión preventiva para 5 de 10 imputados, y «Caso Vialidad 2», formalizada el 29 de octubre de 2024 contra 6 imputados adicionales. Focacci había quedado en libertad por «razones humanitarias» debido a un cuadro de salud grave acreditado por su defensa —un antecedente que este reportaje, como el informe original, menciona con la sobriedad que amerita, solo en la medida en que explica la resolución judicial—, mientras el inspector fiscal Jorge Padilla fue trasladado al Complejo Penitenciario de Acha. Un dato que generó cuestionamiento público adicional: varios de los imputados permanecían contratados en el servicio público mientras avanzaba la investigación.

Actualización (verificada al 22 de septiembre de 2026) — este caso ya tiene condenas firmes: Entre abril y mayo de 2026, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica cerró la causa Rol 248-2025 con un total de 10 personas condenadas. Seis de ellas —incluido el propio exdirector regional Rooney Focacci Yugo, los inspectores fiscales Jorge Padilla Guzmán y Fernando Querquezana Querquezana, y tres exejecutivos de la Constructora San Felipe S.A. (Carlos Trautmann Montt, Karen Walton Buzada y Víctor Strobel Pinto)— se acogieron a procedimiento abreviado. Las otras cuatro fueron declaradas culpables en juicio oral el 25 de abril de 2026 —tres exfuncionarios del MOP y un particular ligado a la constructora— por los delitos de negociación incompatible, cohecho, soborno y lavado de activos. Según el fiscal Mario Carrera, con este fallo «se cierra una etapa más» del Caso Vialidad. El detalle de las penas dictadas por el TOP de Arica en mayo resulta llamativo: a los cuatro condenados en juicio oral se les impusieron penas de 61 días de presidio —sustituidas por la remisión condicional, es decir, cumplidas en libertad— más multas de alrededor de $1.200.000 cada uno, con la accesoria de suspensión de cargos y oficios públicos durante el período de la condena. No encontramos, en la revisión adicional para este reportaje, confirmación pública de que los seis imputados restantes de la segunda etapa («Caso Vialidad 2»: familiares de los inspectores fiscales y el ingeniero de la Constructora FV, Felipe Saldías Santis) hayan sido ya juzgados o condenados; ese conjunto de imputados permanece, hasta donde pudimos verificar, sin resolución judicial confirmada en fuentes abiertas.

2. Caso Gastos Reservados: los generales que administraron el dinero secreto de Carabineros como si fuera propio

Modus operandi. Esta es la arista más específica —y la de mayor monto individual— dentro de la investigación general conocida como Pacogate. Cuatro generales directores de Carabineros que ejercieron el cargo entre 2007 y 2018 —Bruno Villalobos Krumm (2015-2018), Gustavo González Jure (2011-2015), Eduardo Gordon (2008-2011) y el fallecido José Alejandro Bernales— tuvieron bajo su responsabilidad los llamados «gastos reservados»: fondos que, por ley, debían destinarse a unidades especializadas de inteligencia e investigación criminal y antidrogas, y que se entregaban en sobres de efectivo, según el propio mecanismo descrito por los imputados. En lugar de eso, según la Fiscalía, una parte sustancial de esos fondos terminó en los bolsillos de quienes debían custodiarlos. La investigación también alcanzó a la exsubsecretaria de Carabineros y exministra de Justicia, Javiera Blanco, y a otros exfuncionarios: Héctor (Hugo) Zúñiga, de la Dirección de Presupuestos; el general (r) Iván Whipple; y el exjefe de Finanzas de la institución, Flavio Echeverría.

¿Partido político? No aplica de forma directa: son funcionarios policiales de carrera, sin cargos de elección popular. Se deja constancia de que Javiera Blanco, exsubsecretaria de Carabineros, es cercana al Partido Socialista, aunque no consta que haya militado formalmente en él.

El dinero. El perjuicio total estimado de esta arista específica asciende a $6.650 millones a lo largo de todo el período investigado. Según el detalle de la Fiscalía: González Jure tuvo a su cargo $2.147.446.473, de los cuales sustrajo $1.181.060.811 y se apropió personalmente de $123.740.000 y US$4.000; Villalobos tuvo a su cargo $982.062.319, sustrajo $606.492.429 y se apropió de $67.461.000; y Javiera Blanco se habría apropiado de $42.138.000 entre 2007 y 2010, mientras se desempeñaba como subsecretaria de Carabineros.

¿Devolución de dinero? No se reporta en las fuentes revisadas una restitución de estos montos al Fisco.

Estado a julio de 2026 (según la ficha original). Formalizados en octubre de 2021, con prisión preventiva inicial para Villalobos y González Jure. Tras siete años de investigación, la Fiscalía cerró el caso y presentó acusación formal en octubre de 2023, solicitando 24 años de presidio para Villalobos y González Jure, y 14 años para Gordon. La ficha original dejaba abierta una pregunta editorial explícita: si esta arista específica —la de los generales directores— ya había sido juzgada a julio de 2026, o si había sido absorbida por el juicio oral principal de Pacogate, que culminó con un veredicto condenatorio en abril de 2026.

Actualización (verificada al 22 de septiembre de 2026) — pregunta parcialmente resuelta, con una zona gris que no logramos despejar del todo: Confirmamos que el juicio oral de la causa «madre» de Pacogate —la que investigó a la cúpula original de 31 acusados que diseñaron y operaron el fraude desde 2017— llegó a su desenlace el 10 de abril de 2026: el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto condenatorio contra 28 de los 31 acusados, por malversación reiterada de caudales públicos y lavado de activos, descartando la acusación de asociación ilícita al no poder acreditarse una estructura criminal estable. El monto total defraudado a lo largo de toda la investigación de Pacogate —sumando esta y otras aristas— asciende a $28.348.928.198 (más de $28.000 millones), según cifras entregadas por la propia Fiscalía Nacional tras el veredicto. La sentencia con las penas específicas para cada condenado se conocerá recién el 11 de febrero de 2027; mientras tanto, el tribunal rechazó una solicitud de la Fiscalía para decretar prisión preventiva a los 25 condenados que hasta ese momento estaban en libertad, por lo que la mayoría permanece con arresto domiciliario total o nocturno.

Entre los nombres confirmados en ese veredicto de abril figura el exjefe de Finanzas de Carabineros, general (r) Flavio Echeverría Cortés —condenado—, y el general (r) Iván Whipple, quien fue absuelto de los cargos de malversación y lavado. Ambos nombres son compartidos con la ficha de Gastos Reservados que da origen a este capítulo, lo que confirma que, al menos parcialmente, ambas aristas de la investigación se cruzan o comparten imputados. Sin embargo, no logramos confirmar en fuentes públicas de acceso abierto si los cuatro generales directores específicamente investigados en la arista de «gastos reservados» —Villalobos, González Jure, Gordon y la exsubsecretaria Javiera Blanco— formaron parte de este mismo veredicto de 31 acusados de abril de 2026, o si su juicio, correspondiente a la acusación formulada en octubre de 2023, sigue pendiente como una causa separada. Ninguna de las coberturas de prensa que revisamos sobre el veredicto de abril los menciona explícitamente entre los 28 condenados ni entre los 3 absueltos. Dejamos esta pregunta —la misma que ya planteaba el informe original— sin resolver, y recomendamos al equipo editorial una verificación directa con la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte antes de dar por cerrado este capítulo del escándalo.

Balance: fiscalizar y mandar, convertidos en negocio

Los dos casos de este capítulo tienen una lectura común: ambos involucran a personas cuya función exacta era vigilar que el dinero público se usara correctamente —inspectores fiscales que debían fiscalizar obras, generales que debían custodiar fondos reservados— y que, según las respectivas investigaciones, usaron esa misma posición de control para beneficiarse. En ninguno de los dos casos las fuentes revisadas registran una devolución de los fondos comprometidos al Fisco. Sumando únicamente las cifras consolidadas —los $17.608.147 en sobreprecios más los $267.650.866 del estado de pago irregular en Vialidad, y los $6.650 millones estimados en la arista específica de gastos reservados—, el perjuicio documentado en este capítulo supera los $6.935 millones de pesos, sin contar el monto agregado de $28.000 millones que corresponde a la investigación completa de Pacogate en todas sus aristas.

Lo que sí cambia entre un caso y otro es la magnitud de la respuesta judicial hasta ahora. En Vialidad, el desenlace ya está a la vista, y es revelador: condenas de 61 días de presidio, sustituidas por remisión condicional —es decir, cumplidas en libertad plena— y multas de poco más de un millón de pesos, para hechos que involucraron sobreprecios y pagos irregulares por cientos de millones. En Gastos Reservados, en cambio, la magnitud del monto involucrado y el perfil de los imputados —generales directores de una institución armada— mantienen el caso en una espera judicial que ya lleva casi cinco años desde la formalización, con la sentencia definitiva de la causa madre recién fijada para febrero de 2027.

Análisis: la letra chica de la «mano dura»

Este capítulo ofrece un ejemplo especialmente nítido de la pregunta que esta saga viene planteando desde el principio. Un inspector fiscal que recibe sobresueldos irregulares para autorizar pagos indebidos termina, si el proceso avanza como en el Caso Vialidad, con 61 días de cárcel que ni siquiera pisa —sustituidos por una firma y una multa equivalente a menos de dos sueldos mínimos—. Mientras tanto, el dueño de un almacén de barrio que se atrasa en el pago de una patente municipal, o el transportista que no logra pagar a tiempo una multa de tránsito, no tiene acceso a «remisión condicional» alguna: paga la multa, los reajustes y, si no puede, enfrenta el embargo de sus bienes o el cierre de su negocio, sin que medie discusión sobre atenuantes de «irreprochable conducta anterior» ni «colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos» —los mismos argumentos que, en el Caso Vialidad, permitieron sustituir la cárcel por la libertad—.

Y en el caso de los generales de Carabineros, la pregunta es todavía más incómoda: han pasado casi cinco años desde que dos generales directores quedaron en prisión preventiva por sustraer fondos destinados, por ley, a labores de inteligencia contra el crimen organizado y el narcotráfico —las mismas labores que, según denuncian a diario los propios policías de base, carecen de recursos en el terreno—. La sentencia definitiva con las penas recién se conocerá en 2027, una década después de que estallara el escándalo de Pacogate en 2017. Ese mismo Estado que hoy exige al chileno de a pie que pague sus impuestos al día, bajo amenaza de intereses, multas y acciones judiciales inmediatas, se toma años —a veces una década— para resolver si sus propios generales deben ir presos por desviar miles de millones de un fondo destinado, entre otras cosas, a combatir el crimen que afecta directamente a esa misma gente de a pie. La corrupción, otra vez, no tiene color político en este capítulo: los responsables son funcionarios de carrera, no autoridades electas. Pero la lentitud y la levedad con que a veces se resuelve, comparada con la celeridad del cobro al ciudadano común, sí parece tener un patrón que se repite, capítulo tras capítulo, en esta saga.

Referencias

Caso Vialidad (Dirección Regional de Vialidad de Arica, MOP):

• La Tercera. (2023, 11 de agosto). Fiscalía formaliza a funcionarios de Vialidad de Arica y a ejecutivos de constructora por delitos de «corrupción pública».
• La Tribuna. (2023, 12 de agosto). Por corrupción formalizan a funcionarios de Vialidad y a ejecutivos de constructora.
• El Mostrador. (2024, 7 de abril). Fraude y sobornos en Vialidad: funcionarios imputados se mantienen contratados.
• El Mostrador (Aquí Arica). (2024, 29 de octubre). Seis nuevos imputados se suman al escándalo de corrupción en Vialidad de Arica.
• Radio Paulina. (2024, 24 de octubre). Arica: Detienen a funcionarios y a exdirector de Vialidad del MOP tras investigación por delitos de corrupción.
• Fiscalía de Chile. (2024). Caso Vialidad 2: Fiscalía de Arica formaliza a funcionarios públicos y particulares por delitos de corrupción pública.
• Cooperativa.cl. (2026, 25 de abril). Cuatro nuevos condenados por corrupción en la Dirección de Vialidad del MOP de Arica.
• El Mostrador (Aquí Arica). (2026, 21 de abril). Juicio por corrupción en Vialidad entra a fase final.
• Vilas Radio. (2026, 8 de mayo). Juez del TOP de Arica detalla condenas en «Caso Vialidad»: funcionarios del MOP y contratista fueron sentenciados por corrupción en obras públicas.
• Vilas Radio. (2026, 12 de mayo). Caso Vialidad: dictan condena contra exfuncionarios del MOP en Arica.
• FronteraNorte.cl. (2026, 13 de mayo). Caso Vialidad: Justicia condena a tres exfuncionarios públicos y un particular por corrupción en Arica.
• El Morrocotudo.cl. Caso Vialidad Arica: Juicio por corrupción y fraude al fisco entra en alegatos finales.

Caso Gastos Reservados (Carabineros, arista de generales directores) y Pacogate (causa madre):

• La Tercera. (2021, 6 de octubre). Tribunal decreta prisión preventiva para Gustavo González Jure y Bruno Villalobos por malversación de gastos reservados y falsificación de instrumentos públicos.
• Ex-Ante. (2021, 11 de octubre). La trama tras los gastos reservados que condujo a la detención de los ex generales Bruno Villalobos y Gustavo González Jure.
• La Nación. (2021, 12 de octubre). Gastos reservados: decretan prisión preventiva para exdirectores de Carabineros Villalobos y González.
• La Tercera. (2023, 24 de octubre). Gastos reservados de Carabineros: Fiscalía pide 24 años de cárcel para ex generales directores Villalobos y González Jure y 14 para Gordon.
• El Ciudadano. (2023, 24 de octubre). Gastos Reservados de Carabineros: El megafraude de $6.650 millones de los exgenerales Bernales, Gordon, González Jure y Villalobos.
• Cooperativa.cl. (2023, 24 de octubre). «Pacogate»: Fiscalía pide más de 20 años de cárcel para exdirectores de Carabineros.
• CNN Chile. Gastos Reservados: Tribunal decretó prisión preventiva para dos ex generales directores de Carabineros; Rechazan sobreseimiento de ex general director de Carabineros Gustavo González Jure; CDE se querella contra tres ex generales directores de Carabineros y la ex subsecretaria Javiera Blanco; Gastos Reservados: Tribunal rechazó solicitud de sobreseimiento presentada por ex ministra Javiera Blanco.
• BioBioChile. (2026, 10 de abril). Dictan veredicto en caso Pacogate: 28 condenados por millonario fraude en Carabineros.
• BioBioChile / El Mostrador. (2026, 14-15 de abril). Tras veredicto condenatorio: Rechazan solicitud de prisión preventiva a 25 implicados en caso Pacogate.
• La Prensa Austral. (2026, 11 de abril). Justicia dictó veredicto en caso Pacogate: 28 condenados por millonario fraude en Carabineros.
• UTE USACH Noticias. (2026, 11 de abril). Pacogate: condenan a 28 exoficiales y civiles por el millonario fraude de Carabineros de Chile.
• Wikipedia. Pacogate (consultado para contexto histórico de la causa madre de 31 acusados).

Nota editorial: este capítulo deja abierta, de forma explícita, una pregunta que no pudimos resolver con fuentes públicas de acceso abierto: si los cuatro generales directores y la exsubsecretaria Javiera Blanco, imputados específicamente en la arista de «gastos reservados», fueron parte del veredicto de abril de 2026 contra 31 acusados de la causa madre de Pacogate, o si su juicio sigue pendiente como causa separada.