Corrupción sin Color — Capítulo 8

De Los Ríos al norte grande: municipios, tierras fiscales y la frontera bajo sospecha

Por Omar Villegas Vega de la Unidad de Investigación

Última actualización: 10 de septiembre de 2026

En esta octava entrega de Corrupción sin Color, la serie de reportajes de investigación de Radio Siglo 25, revisamos cuatro causas judiciales que exponen distintas formas en que el poder público puede ser capturado para beneficio privado: una alcaldía en la Región de Los Ríos con dos administraciones sucesivas bajo sospecha, una red de sobornos en la repartición estatal que administra las tierras fiscales de Arica y Parinacota, una organización que vendía licencias de conducir fraudulentas desde un municipio de Tarapacá, y una trama de contrabando con complicidad de funcionarios de Aduanas en el principal aeropuerto del país. Ningún imputado mencionado en este reportaje ha sido declarado culpable hasta la fecha de esta publicación, salvo que se indique expresamente una sentencia firme; toda persona nombrada goza de presunción de inocencia mientras la justicia no resuelva lo contrario.

Filiación política de los involucrados

Caso	Persona	Partido / sector
Municipalidad de Río Bueno	Luis Reyes Álvarez, alcalde en ejercicio	UDI (Unión Demócrata Independiente)
Municipalidad de Río Bueno	Carolina Silva Pérez, exalcaldesa (2021-2024)	Independiente, en cupo de Chile Vamos
Bienes Nacionales de Arica	Funcionarios y exfuncionarios de la Seremi y de la DOM de Arica	No aplica (funcionarios públicos de carrera, sin cargos de elección popular)
Licencias de conducir, Alto Hospicio	Funcionarios de la Dirección de Tránsito municipal y clan familiar externo	No aplica (funcionarios administrativos y particulares, sin cargos de elección popular)
«Organización Columbia» (Aduanas)	Exfuncionarios del Servicio Nacional de Aduanas y líderes civiles	No aplica (funcionarios públicos de carrera y particulares, sin cargos de elección popular)

De los cuatro casos de este capítulo, solo el de Río Bueno involucra a autoridades de elección popular. Los otros tres corresponden a funcionarios de carrera y particulares, lo que ilustra que la corrupción no se limita a la esfera político-electoral, sino que también anida en la administración pública técnica.

Caso 1. Río Bueno: la alcaldía que cambia de manos, pero no de sospechas.

La Municipalidad de Río Bueno, en la Región de Los Ríos, protagoniza uno de los casos más singulares de esta investigación: dos alcaldes consecutivos y del mismo sector político —Chile Vamos— han estado bajo la lupa de la Fiscalía, cada uno acusando al otro de irregularidades, mientras ambos mantenían procesos judiciales abiertos en paralelo.

Modus operandi: la investigación original, iniciada en 2023 a partir de una auditoría externa que detectó diferencias contables no registradas, apuntaba a un patrón de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y fraude de subvenciones estatales durante ambas gestiones municipales (2015-2023). Entre los hechos más llamativos figuraba el cuestionado cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte de la entonces alcaldesa Carolina Silva —beneficio que, según una investigación policial, llegó a su núcleo familiar mientras ella percibía sueldo público— y una licitación de $953 millones para estabilizar un talud, adjudicada a una empresa sin experiencia previa, cuyo presupuesto final escaló a $1.560 millones.

Lo que cambió en los últimos meses: en mayo de 2025, la Fiscalía Regional de Los Lagos —que dirigía esta arista por su conexión con el caso «Cuentas Corrientes» de Ñuble (documentado en un capítulo anterior de esta serie) y la empresa Gestión Global SpA— decidió no perseverar en la investigación contra el entonces concejal Luis Reyes por falta de antecedentes que lo vincularan a esa empresa específica. Pero el caso no se cerró: en diciembre de 2024, Reyes retomó la alcaldía de Río Bueno por cuarto período consecutivo (había ejercido el cargo entre 2008 y 2021), y una investigación distinta, dirigida esta vez por la Fiscalía Regional de Los Ríos, avanzó tras el levantamiento de su secreto bancario. Ese procedimiento reveló que Reyes recibió $174.198.376 en depósitos en efectivo entre 2017 y 2023, de los cuales al menos $22 millones provinieron de funcionarios municipales y $15 millones de la secretaria de un empresario cuya constructora se adjudicó más de $1.800 millones en contratos con el municipio durante su gestión. En paralelo, el levantamiento del secreto bancario de la exalcaldesa Silva detectó depósitos en efectivo por $116.281.419 durante su período al mando de la comuna.

Estado actual (actualización relevante): el 28 de agosto de 2026, la Fiscalía Regional de Los Ríos solicitó formalmente la formalización del alcalde Luis Reyes y de otras seis personas por los delitos de cohecho agravado, lavado de activos y soborno. La audiencia de formalización quedó fijada para el 19 de octubre de 2026 en el Juzgado de Garantía de Río Bueno. Se trata de una causa distinta y más avanzada que la que fue objeto de la decisión de no perseverar en 2025: esta nueva indagatoria cubre hechos entre 2017 y 2024, correspondientes a los distintos períodos de Reyes al mando del municipio. Ni el alcalde ni la Municipalidad se han pronunciado públicamente sobre la solicitud de formalización al cierre de esta edición.

Caso 2. Bienes Nacionales de Arica: cuando el propio servicio destapó la red.

El Capítulo 8 de esta investigación documentó el primer caso de este informe centrado en un organismo técnico —la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales— como imputado directo, y también el primero centrado en la Región de Arica y Parinacota.

Modus operandi: según la Fiscalía, cuatro funcionarios en ejercicio de la Seremi, un funcionario de la Dirección de Obras Municipales de Arica y cinco particulares —tres de ellos exfuncionarios de la misma repartición— operaron desde 2021 una red organizada con roles definidos: cobraban sobornos a particulares interesados en concesiones, arriendos o compras de terrenos fiscales, a cambio de agilizar trámites, entregar información reservada y favorecer la adjudicación de esos terrenos. Los pagos, según posteriores antecedentes del Consejo de Defensa del Estado, se recibían en cuentas bancarias personales de los involucrados.

Un dato que distingue este caso: a diferencia de otros capítulos de esta serie, en que la corrupción se destapó por filtraciones periodísticas o denuncias externas, esta investigación se originó en una denuncia de los propios usuarios del servicio, puesta en conocimiento de la Fiscalía por la misma Seremi —un antecedente que la institución destacó públicamente como un caso de control interno funcionando.

Estado actual: los 10 imputados originales fueron formalizados el 4 de septiembre de 2025 tras un megaoperativo con apoyo de cerca de 100 detectives de la PDI. La magistrada dio por acreditados los delitos de cohecho y soborno, pero no consideró probados —en esa etapa procesal— los de asociación ilícita ni violación de secreto, y rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía para 8 de los 10 imputados, decretando en su lugar arraigo nacional y firma mensual. El 5 de noviembre de 2025, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella adicional, agregando antecedentes sobre el uso de cuentas personales para canalizar los pagos irregulares.

Actualización relevante — la causa creció y avanza a salidas alternativas.

La investigación se cerró el 2 de abril de 2026, y el 13 de abril el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado presentaron la acusación formal, esta vez contra 16 imputados —seis más que los formalizados originalmente—, entre ellos varios consultores particulares y una usuaria del servicio que se sumaron a la investigación en su etapa final. En la audiencia de preparación de juicio oral, realizada el 5 de agosto de 2026, la Fiscalía ofreció salidas alternativas a 8 de los 16 acusados: seis suspensiones condicionales del procedimiento y dos juicios abreviados. Dos de los imputados —el arquitecto de la Dirección de Obras Municipales de Arica, Marcelo Niño de Zepeda Szyldhaus, y la consultora y exencargada del Sistema de Información y Atención Ciudadana de la Seremi, Paula Álvarez— ya fueron condenados mediante juicio abreviado en esa misma audiencia. El Consejo de Defensa del Estado manifestó su desacuerdo con dos de las suspensiones condicionales otorgadas —a los consultores Carlos Falcón Arredondo y Carlos Valdera Medina—, argumentando que no calificarían para ese beneficio porque las penas a las que estaban expuestos superaban los tres años de privación de libertad, requisito legal para acceder a esa salida alternativa. Los imputados restantes, que no accedieron a una salida alternativa, continúan encaminados hacia el juicio oral.

La «Arista Quiroz»: un juez y un receptor judicial bajo sumario.

En paralelo a la causa principal, un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, entregado a la Fiscalía el 22 de febrero de 2024, reveló antecedentes que vinculan al juez titular del Segundo Juzgado de Letras de Arica, Gonzalo Quiroz Espinoza, y al receptor judicial Luis Bardi Farfán con miembros de la red investigada en el caso Bienes Nacionales. Según ese informe, el magistrado habría gestionado un fallo favorable —dictado el 17 de enero de 2024— para inscribir nuevos deslindes de un predio de la Cooperativa Agrícola Valles Hermosos, en el valle de Lluta, a solicitud de dos amigos suyos: el consultor Carlos Falcón Arredondo (uno de los 16 acusados en la causa principal, autor del informe pericial de medición del terreno) y el propio receptor Bardi. La PDI concluyó que la conducta del juez podría configurar el delito de prevaricación. La investigación penal de esta arista permanece desformalizada y bajo reserva: la fiscal originalmente a cargo, Paulina Brito, se abstuvo de avanzar en las diligencias por haber sido compañera de universidad del juez Quiroz, y un segundo fiscal asignado, Francisco Ganga, también se inhabilitó por amistad con el magistrado; el caso quedó finalmente en manos del fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Rodrigo González Vega. Tras conocerse públicamente estos antecedentes, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Arica —integrado por el presidente Marco Flores Leyton, las ministras Juana Ríos Meza y Nora Bahamondes Acevedo y los ministros Héctor Gutiérrez Massardo y José Rodrigo Urrutia Molina— ordenó el 15 de junio de 2026 la apertura de un sumario administrativo contra el juez Quiroz y el receptor Bardi, con el objetivo de esclarecer si el magistrado dictó sentencia favorable a cambio de haber recibido orientación o beneficios de las personas involucradas en la causa madre. Vale precisar que un sumario administrativo no establece responsabilidades penales ni reemplaza una eventual sentencia judicial; se trata de un procedimiento disciplinario interno del Poder Judicial, distinto y paralelo a la investigación penal que aún permanece reservada.

Caso3. Alto Hospicio: licencias de conducir a la carta, con riesgo para la seguridad vial.

Este capítulo, centrado en la Región de Tarapacá, ilustra un tipo de corrupción distinto a los anteriores: no se trata de contratos ni de terrenos, sino de la falsificación de un documento habilitante —la licencia de conducir profesional— con consecuencias que exceden lo fiscal y tocan la seguridad de terceros en las carreteras.

Modus operandi: desde 2022, cinco funcionarios de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Alto Hospicio, en asociación con un grupo familiar dedicado a la intermediación, ofrecían licencias de conducir profesionales a cambio de pagos de entre $400 mil y $1 millón de pesos por trámite. El esquema permitía a los interesados evadir los exámenes teóricos y prácticos exigidos por ley, además de falsificar certificados de residencia para quienes no vivían en la comuna. La Fiscalía estima que existen entre 300 y 400 licencias obtenidas de forma fraudulenta en circulación, solicitadas por personas provenientes de al menos cuatro regiones del norte del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo.

Estado actual: tras un megaoperativo de allanamiento y detención el 11 de junio de 2026, los 10 imputados —incluido el director de la Dirección de Tránsito— fueron formalizados por asociación ilícita, lavado de activos, cohecho, soborno y falsificación de licencias de conducir, al cabo de una audiencia que se extendió por tres jornadas hasta el 14 de junio de 2026. El tribunal decretó prisión preventiva para el clan familiar y varios de los funcionarios municipales, mientras la Fiscalía apeló verbalmente ante la Corte de Apelaciones de Iquique para que se revise la situación de tres funcionarios adicionales que no quedaron con esa medida cautelar. No se registran audiencias posteriores a esa fecha.

Caso 4. «Organización Columbia»: contrabando con sello institucional en el aeropuerto de Santiago.

El cuarto caso de este capítulo se aleja de los municipios y los servicios regionales para instalarse en uno de los puntos de control más sensibles del país: el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, donde el Servicio Nacional de Aduanas tiene la responsabilidad de fiscalizar el ingreso de mercancías.

Modus operandi: entre 2018 y 2022, una organización estructurada en tres «clanes» —Klif, Alonso y Lorenzo, según los denominó el propio Consejo de Defensa del Estado— operó con la complicidad de al menos cinco funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas para facilitar el contrabando de mercancías, obteniendo ganancias cercanas a los $1.900 millones. Los funcionarios entregaban información reservada sobre metodologías de fiscalización y permitían el ingreso de mercancías sin los controles correspondientes, a cambio de beneficios económicos. Para lavar las ganancias, la organización constituyó empresas de papel, adquirió bienes de lujo, invirtió en moneda extranjera y usó testaferros; solo a uno de los líderes se le rastrearon más de $51 millones transferidos en 37 operaciones entre 2018 y 2022.

Estado actual: hacia marzo de 2026, dos exfiscalizadores de Aduanas y cinco empleados de empresas courier ya habían sido condenados mediante procedimiento abreviado. Los nueve imputados restantes —incluidos los dos líderes civiles de la organización y varios de los exfuncionarios de Aduanas— esperaban, a esa fecha, un juicio oral programado para mayo de 2026 ante un tribunal aún por determinar. No se han encontrado registros públicos posteriores que confirmen si ese juicio efectivamente se realizó o si fue reprogramado, por lo que este punto queda marcado como pendiente de verificación para la próxima actualización. El informe original que documenta este caso señala, además, una arista conexa y no confirmada en la Región del Biobío, donde el Ministerio Público abrió en junio de 2025 un sumario contra un fiscal por haber rebajado los cargos contra una red de contrabando de cigarrillos —un antecedente que, de confirmarse su vínculo, ilustraría un patrón ya documentado en capítulos anteriores de esta serie: la posibilidad de que la propia persecución penal sea objeto de interferencia irregular.

Cuadro comparativo

Caso	Región	Institución afectada	Delitos principales	Monto aproximado	Estado procesal (sept. 2026)
Río Bueno	Los Ríos	Municipalidad	Cohecho agravado, lavado de activos, soborno	$174 millones (Reyes) + $116 millones (Silva) en depósitos cuestionados	Formalización fijada para el 19 de octubre de 2026
Bienes Nacionales	Arica y Parinacota	Seremi de Bienes Nacionales / DOM Arica	Cohecho, soborno, prevaricación (arista Quiroz)	Sin monto único consolidado	Acusación contra 16 imputados; 2 condenados (abreviado), 6 con suspensión condicional; sumario contra un juez y un receptor judicial
Licencias de conducir	Tarapacá	Municipalidad de Alto Hospicio	Asociación ilícita, cohecho, lavado de activos, falsificación	$400 mil a $1 millón por trámite; 300-400 licencias fraudulentas estimadas	Formalizados en junio de 2026, mayoría en prisión preventiva
Organización Columbia	Metropolitana	Servicio Nacional de Aduanas	Cohecho, contrabando, lavado de activos	Cerca de $1.900 millones	7 condenados (abreviado); 9 a la espera de juicio oral

Montos comprometidos por caso

Una mirada crítica: cuando el control interno no basta y el poder rota, pero el patrón se repite.

Estos cuatro casos, tomados en conjunto, desafían la idea de que la corrupción responde a un solo tipo de autoridad o a un solo color político. En Río Bueno, dos administraciones sucesivas y del mismo sector se han acusado mutuamente mientras ambas enfrentan sospechas patrimoniales, lo que sugiere que el problema puede estar menos en quién ocupa el cargo y más en la ausencia de controles estructurales sobre el manejo de fondos municipales, licitaciones y cuentas personales de las autoridades. El caso de Bienes Nacionales en Arica ofrece, en cambio, un dato alentador y a la vez inquietante: la red fue detectada gracias a la denuncia de los propios usuarios, lo que demuestra que el control ciudadano puede funcionar, pero también revela que la red operó durante al menos dos años antes de ser descubierta, tiempo suficiente para que decenas de personas pagaran sobornos por trámites que deberían haber sido gratuitos o transparentes. El caso de Alto Hospicio, por su parte, añade una dimensión que trasciende lo fiscal: cientos de licencias de conducir fraudulentas en circulación representan un riesgo concreto para la vida de otras personas en las carreteras del norte del país, un costo social que rara vez se cuantifica junto a las cifras de dinero desviado. Y el caso de la «Organización Columbia» en Aduanas recuerda que la corrupción no solo desvía recursos fiscales: cuando compromete los controles fronterizos, erosiona la capacidad misma del Estado para saber qué entra y qué sale del país. En conjunto, estos casos plantean una pregunta que la ciudadanía tiene derecho a exigir que se responda con políticas concretas, no solo con operativos policiales: ¿por qué los mecanismos de control interno —auditorías, contralorías, fiscalizaciones cruzadas— siguen llegando después de que el daño ya está hecho, y no antes?

La condena que no condena a nada.

Cada vez que un caso de corrupción termina con titulares que anuncian «condenados», el sistema envía una señal de que la justicia funcionó. Es una ficción cómoda. La letra chica de las salidas alternativas revela algo distinto: un mecanismo legal que permite a quien defraudó al Estado resolver su situación penal sin pagar un costo proporcional al daño causado, y sin que eso le cierre la puerta de vuelta al aparato público que abusó.

La suspensión condicional no es una condena: es una amnistía de facto con nombre técnico.

Cuando un imputado accede a esta salida, el proceso se detiene bajo condiciones menores —firma periódica, alguna reparación económica— y, cumplido el plazo, la causa se cierra sin antecedente penal alguno. No hay sentencia. No hay reconocimiento de culpa. No hay mancha. Quien pasó por ahí puede, meses después, presentar un certificado de antecedentes impecable y postular sin ningún impedimento legal a un cargo de elección popular, a la administración pública o a cualquier puesto de confianza, exactamente como si nada hubiera ocurrido. El sistema procesal penal exige que la pena eventual no supere los tres años para acceder a este beneficio —un umbral que, una y otra vez en causas de corrupción de esta investigación, ha sido forzado hasta el límite, y en más de una ocasión objetado por el propio Consejo de Defensa del Estado, sin que eso impida que la salida alternativa se conceda igual.

El juicio abreviado no es mucho mejor: es una condena hecha a la medida del imputado.

Es cierto que termina en sentencia, pero esa sentencia es, por diseño, la pena más baja que la Fiscalía está dispuesta a pedir a cambio de ahorrarse un juicio oral —no la pena que correspondería a la gravedad real de los hechos investigados durante años. Y aun en el peor escenario para el condenado, cuando la sentencia sí incluye la pena accesoria de inhabilitación para cargos públicos, existe un portillo que el propio Consejo de Defensa del Estado ha documentado por escrito: si el condenado obtiene la remisión condicional de la pena —es decir, no pisa la cárcel—, puede volver a trabajar para el Estado mediante un contrato a honorarios, porque esa modalidad no queda cubierta por la inhabilitación formal. El mismo documento del CDE cita, como ejemplo real, el caso de un concejal y tres funcionarios de la municipalidad de Arica condenados por fraude al Fisco con penas accesorias, quienes siguieron ejerciendo sus cargos después de dictada la sentencia, gracias a la remisión condicional condenados por fraude al Fisco que, pese a la inhabilitación impuesta en la sentencia, siguieron ejerciendo sus cargos apenas se dictó el fallo. La ley que debía cerrarles la puerta tiene, en la práctica, una cerradura que no cierra.

Mientras tanto, el Estado gasta lo que el condenado no paga.

Llegar hasta decenas de imputados en este tipo de causas toma años de investigación reservada, megaoperativos con decenas de detectives especializados, audiencias que se extienden más de 12 horas, informes periciales, allanamientos, querellas del Consejo de Defensa del Estado y el trabajo sostenido de fiscalías regionales completas. Todo eso lo paga la ciudadanía. Y con frecuencia, el desenlace de ese enorme aparato investigativo es una firma mensual, una reparación simbólica y un antecedente limpio. La ecuación es brutalmente asimétrica: años de recursos públicos invertidos para producir, en el mejor de los casos, meses de inhabilitación revocable con un contrato a honorarios.

Esto no es un incidente aislado: es el modus operandi.

Esta investigación de Corrupción sin Color ha documentado, capítulo tras capítulo, la misma coreografía: autoridades que siguen en ejercicio o vuelven a cargos de elección popular mientras enfrentan procesos por corrupción, o apenas los resuelven. La combinación de plazos judiciales que se extienden por años, salidas alternativas que no dejan huella, un portillo legal que permite seguir cobrando del Estado vía honorarios, y una opinión pública que —con razón— pierde el hilo de casos que se demoran media década en resolverse, no es una serie de excepciones. Es una ruta de regreso institucionalizada, conocida y usada. La pregunta que este informe deja planteada no es si las salidas alternativas son legales —lo son, y existen argumentos de eficiencia procesal para el sistema penal en general—, sino por qué el país sigue permitiendo que los delitos contra la probidad pública, que erosionan directamente la confianza ciudadana en el Estado, se resuelvan con las mismas herramientas blandas diseñadas para delitos de bagatela. Mientras eso no cambie, la corrupción seguirá siendo, para quien la comete, una apuesta de bajo riesgo y alto retorno.

Fuente legal usada para este análisis: Consejo de Defensa del Estado, «La pena de inhabilitación y suspensión de cargo y oficio público — Desde el contenido al fundamento de la sanción», Revista de Derecho CDE (cde.cl); artículo 237 del Código Procesal Penal (suspensión condicional del procedimiento).

Fuentes consultadas

• BioBioChile (10 dic. 2023). Justicia admite querella contra alcaldesa de Río Bueno por malversación de caudales y fraude al Fisco.
• Meganoticias (8 sept. 2024). «Hasta Cuándo»: Alcaldesa de Río Bueno fue beneficiaria del IFE y va a reelección en medio de indagatoria por corrupción.
• Noticias Los Ríos (23 ene. 2025). Río Bueno: Contraloría detecta irregularidades en obra ejecutada en la administración de la exalcaldesa Carolina Silva.
• Diario El Ranco (16 may. 2025). Fiscalía apuntó a falta de antecedentes tras desistir investigación contra alcalde de Río Bueno.
• Paislobo Prensa (2 jun. 2025). Alcalde de Río Bueno en la mira de la Fiscalía por presuntos delitos de corrupción.
• Meganoticias (2 jun. 2025). Alcalde de Río Bueno recibió $22 millones en efectivo en su cuenta personal en depósitos de funcionarios públicos.
• Diario El Ranco (2 jun. 2025). «El alcalde de los 174 millones»: las sombras que persiguen a Luis Reyes en Río Bueno.
• Diario y Radio Universidad de Chile (30 ago. 2026). Fijan audiencia para formalizar a alcalde de Río Bueno por millonarios traspasos ilícitos.
• Diario El Ranco (28 ago. 2026). Fiscalía solicita formalizar al alcalde de Río Bueno por cohecho agravado y lavado de activos.
• MiradaSurTV (ago. 2026). Fiscalía fija para octubre formalización del alcalde de Río Bueno.
• Quinta Dimensión (3 sept. 2026). Otro UDI al banquillo: alcalde de Río Bueno será formalizado por delitos económicos.

• La Tercera (3 sept. 2025). Indagatoria por corrupción en Arica lleva dos años y se inició por denuncia de los propios usuarios de Bienes Nacionales.
• El Mostrador (4 sept. 2025). Corrupción en Bienes Nacionales en Arica: formalizan a los 10 detenidos.
• Emol (5 sept. 2025). Revés para Fiscalía: Tribunal deja en libertad a los 10 imputados por corrupción en Arica.
• El Mostrador (5 sept. 2025). Rechazan prisión preventiva en caso de corrupción en Arica por falta de rigurosidad de la Fiscalía.
• La Razón (5 nov. 2025). Consejo de Defensa del Estado presenta querella contra funcionarios y exfuncionarios de Bienes Nacionales de Arica por delitos de corrupción.
• Cooperativa.cl (3 sept. 2025). Corrupción en Bienes Nacionales de Arica: Cinco detenidos en allanamiento de la PDI.
• CNN Chile / 24Horas / Chilevisión / Diario Financiero (3-4 sept. 2025). Coberturas del operativo y la formalización.
• Poder Judicial de Chile, pjud.cl (5 y 11 sept. 2025). Caso Bienes Nacionales: Juzgado de Garantía de Arica decreta firma mensual y arraigo nacional para imputados por asociación ilícita, y Corte de Arica decreta arresto domiciliario total y arraigo para dos imputados por asociación ilícita.
• El Mostrador / Aquí Arica (26 may. 2026). Con 16 imputados, Fiscalía cierra investigación por corrupción en Bienes Nacionales.
• El Mostrador / Aquí Arica (18 ago. 2026). Frente de mal tiempo impacta abastecimiento eléctrico en Arica [incluye cobertura de la audiencia de preparación de juicio oral del 5 de agosto de 2026 y las salidas alternativas ofrecidas].
• El Mostrador / Aquí Arica (9 jun. 2026). Fiscalía investiga a juez vinculado con red de corrupción en Bienes Nacionales e Informe reservado vincula a juez de Arica con imputados en caso de corrupción.
• El Mostrador / Aquí Arica (16 jun. 2026). Corrupción en BBNN: pleno de la Corte pide informe a juez y receptor judicial investigados por PDI.
• El Mostrador / Aquí Arica (23 jun. 2026). Corte ordena sumario contra juez y receptor judicial investigados por la PDI.
• El Morrocotudo.cl (23 jun. 2026). Caso Bienes Nacionales en Arica: Corte ordena sumario contra juez y receptor judicial.

• BioBioChile (11 jun. 2026). Allanan municipalidad de Alto Hospicio en investigación por venta de licencias de conducir profesionales.
• El Boyaldia (11 jun. 2026). Hasta $400 mil por licencia de conducir: Cae red de corrupción que operaba desde el municipio de Alto Hospicio.
• El Sol de Iquique (11 jun. 2026). Golpe a la corrupción local: Fiscalía y PDI identifican red que lucraba con licencias de conducir en Alto Hospicio.
• La Tercera (jun. 2026). Formalizan a 10 imputados por venta fraudulenta de licencias de conducir en Alto Hospicio.
• Vilas Radio (14 jun. 2026). Decretan prisión preventiva para clan familiar y funcionarios municipales por fraude en licencias de conducir en Alto Hospicio.
• Radio Paulina (14 jun. 2026). Tribunal dictará cautelares de funcionarios del municipio de Alto Hospicio imputados por venta fraudulenta de licencias de conducir.

• Servicio Nacional de Aduanas (8 may. 2023). Directora de Aduanas: «No toleraremos que se ponga en tela de juicio la credibilidad de las y los funcionarios del servicio».
• Emol (12 may. 2023). «Operación Columbia»: Caen tres funcionarios más de Aduanas por caso de contrabando.
• La Tercera. CDE interpone querella criminal contra seis funcionarios de Aduanas por delitos de corrupción.
• BioBioChile (14 mar. 2026). Coimas en Aduanas: cómo contrabandistas amasaron ganancias por $1.900 millones en trama de corrupción.
• T13 (24 nov. 2025). Decomisan más de $3.000 millones en contrabando de cigarrillos: funcionario de Aduanas era clave en la banda.
• Emol (25 nov. 2025). Banda criminal traficaba cigarrillos por $3 mil millones: hay un funcionario de Aduanas detenido.
• BioBioChile (24 nov. 2025). Aduanas instruye sumario por funcionario detenido por integrar banda de contrabando de cigarrillos.

Todas las fuentes fueron consultadas por el equipo de Radio Siglo 25 hasta el 10 de septiembre de 2026. Este reportaje forma parte de la serie Corrupción sin Color y se actualizará a medida que existan novedades procesales relevantes.