Siete funcionarios de Gendarmería formalizados por delitos de corrupción, principalmente cohecho, quedaron en prisión preventiva tras una audiencia que se extendió en dos jornadas. La medida cautelar deberá cumplirse en Valdivia, mientras que la pareja de un interno quedó con arresto domiciliario total.
Según lo expuesto en tribunal, la investigación —desarrollada durante al menos tres años— incluyó escuchas telefónicas y revisión de cuentas bancarias, y apuntó a un esquema que facilitaba el ingreso de elementos prohibidos y la realización de acciones vetadas al interior del penal Alto Bonito de Puerto Montt.
En la síntesis del juez Rolando Díaz sobre los hechos, la Fiscalía describió un “aparataje de corrupción” con pagos por distintas “gestiones” dentro del recinto, como el ingreso de alcohol en fechas específicas, el traspaso de teléfonos y movimientos de dinero asociados, además de favores a internos, incluyendo resguardos y permitir situaciones prohibidas en dependencias del penal.
La acusación también sostuvo que uno de los imputados —exdirigente— habría permitido la continuidad de estafas telefónicas y participado en “mexicanas”, dinámica en la que se incautaban objetos prohibidos para luego cobrar por devolverlos a los reclusos.
La defensa cuestionó los delitos de lavado de activos y asociación ilícita y solicitó arresto domiciliario total, pero el Ministerio Público insistió en la prisión preventiva por el riesgo para la investigación y para la sociedad, subrayando la afectación que estos hechos tendrían sobre el control de las cárceles. Finalmente, el tribunal decretó prisión preventiva para los siete gendarmes y fijó un plazo de 200 días para la investigación.