Con amplio respaldo transversal, el Senado aprobó en particular la Ley de Incendios, iniciativa clave en medio de la contingencia por los siniestros forestales que afectan a distintas regiones del país. La propuesta fue despachada a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional, quedando en la recta final de su discusión legislativa.
La votación se resolvió con 34 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. Durante la sesión se aprobaron las normas que no habían sido observadas previamente y se respaldaron, por mayoría, diversas votaciones separadas y enmiendas surgidas en la discusión en particular, según lo informado por el Senado.
El proyecto establece un nuevo marco regulatorio para la prevención y mitigación de incendios forestales, incorporando figuras como las zonas de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación. En estos espacios se imponen obligaciones a los propietarios, como la construcción de cortafuegos y el manejo de la vegetación, con el objetivo de reducir el riesgo de propagación del fuego.
La iniciativa también refuerza las atribuciones del Servicio Nacional Forestal (Sernafor), que podrá fiscalizar el cumplimiento de los planes preventivos y aplicar sanciones económicas. En ese ámbito, se fijaron multas de hasta 1.000 UTM para infracciones graves y de hasta 3.000 UTM para infracciones gravísimas. Además, se promueve la corresponsabilidad ciudadana, la educación técnica y el uso de sistemas de agroforestería como herramientas preventivas.
A ello se suman modificaciones a normas urbanísticas para agilizar la actualización de los instrumentos de planificación territorial frente a amenazas de desastres, junto con asistencia técnica para pequeños productores y una mayor coordinación entre organismos públicos para labores de patrullaje y peritaje.
El debate en la Sala estuvo marcado por cuestionamientos en torno a eventuales “rasgos expropiatorios” del proyecto y su impacto en el derecho de propiedad. Desde el Senado se respondió que la iniciativa se enmarca en la “responsabilidad social” y que no contempla expropiaciones, llamando a no frenar su avance. En ese contexto, se rechazó el último párrafo del artículo 18, que establecía indemnizaciones por daño patrimonial derivado del cumplimiento de medidas en zonas de amortiguación, dejando abierta la posibilidad de nuevas propuestas, especialmente en favor de pequeños propietarios.
Durante la discusión también se cuestionó la demora en la tramitación del proyecto, considerando que han transcurrido más de dos años desde su ingreso al Congreso pese a su carácter urgente. Parlamentarios recordaron tragedias provocadas por incendios forestales en distintas zonas del país, con pérdidas de vidas humanas, miles de hectáreas afectadas y evacuaciones masivas.
Asimismo, se planteó la necesidad de mejorar la preparación del personal que enfrenta estas emergencias, fortalecer la fiscalización, asegurar recursos suficientes y adoptar una mirada sistémica que incorpore mayores herramientas tecnológicas para el combate de incendios.
Tras su despacho desde la Comisión de Hacienda y el respaldo mayoritario del Senado, el proyecto enfrenta ahora su etapa final en la Cámara de Diputados, en un escenario marcado por la urgencia de reforzar la prevención y anticiparse a emergencias que año a año impactan con fuerza a diversas regiones del país.