Tortura y Humillación en el Hospital de Osorno: un caso de abuso inaceptable

Un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) fue víctima de agresiones por parte de sus colegas

Camilo, un profesional con Trastorno del Espectro Autista (TEA), experimentó meses de acoso, tortura y actos degradantes mientras trabajaba en el área de informática del Hospital Base de Osorno. Aunque los sucesos ocurrieron entre 2018 y 2020, los videos y la información han salido a la luz recientemente, exponiendo la brutalidad a la que fue sometido.

El infierno de Camilo comenzó en 2018, poco después de integrarse al equipo de informática. Sus propios colegas grababan los abusos, que incluían burlas, risas, y en ocasiones, golpes. A pesar de que la víctima lloraba, los agresores continuaban sin mostrar piedad.

Entre los múltiples episodios de hostigamiento, se registró un acto de connotación sexual en el que un colega, en presencia de otros funcionarios que tomaban fotos y se reían, lo sujetó del cuello y forzó su rostro hacia su zona íntima.

Otra de las agresiones, de extrema gravedad, fue la tortura con vapor. Camilo fue amarrado de pies y manos, dejándolo inmovilizado. Con una limpiadora de vapor, tres de sus compañeros le quemaron la cara, los brazos, el abdomen y los glúteos. En otro momento, lo inmovilizaron, le envolvieron la cabeza con plástico y cinta de embalaje, y le colocaron un oso de peluche y una estrella como burla por su supuesto «buen comportamiento».

La violencia alcanzó un punto crítico cuando fue obligado a desnudarse y sus agresores, dentro de un baño, lo raparon por completo. Camilo, incapaz de defenderse, lloraba mientras ellos se reían y se burlaban de la situación.

Indignación y llamado a la justicia

Este caso ha desatado una ola de condena social, no solo por la crueldad de los actos, sino también por la negligencia inicial de la institución. Es impensable que un lugar destinado al cuidado de la salud se convierta en un escenario de tortura. La violencia y el abuso sistemático contra una persona vulnerable son inaceptables y deben ser castigados con la máxima rigurosidad. La empatía, el respeto y la dignidad son valores esenciales en cualquier ambiente laboral, especialmente en el sector de la salud.

Sin sanciones iniciales y reapertura del sumario

Según fuentes cercanas al caso, un primer sumario administrativo realizado entre 2018 y 2020 no resultó en sanciones para los responsables. Esta falta de acción fue confirmada por el Hospital Base de Osorno, que emitió una declaración sobre la situación:

«Los hechos ocurrieron entre el 2018 y 2020, ocasión en que la Dirección de ese entonces realizó un primer proceso de sumario y que no arrojó sanciones administrativas para los implicados».

Sin embargo, el comunicado añade que la actual dirección, en 2024, reabrió el caso tras recibir nuevos antecedentes:

«El año 2024, esta Dirección toma conocimiento del caso y recibe nuevos antecedentes por lo cual se dispuso la reapertura de un sumario y denuncia al Ministerio Público por la existencia de hechos que revisten eventual carácter de delito».

Asimismo, el hospital informó que se están aplicando «medidas disciplinarias correspondiente y ajustadas a la gravedad de los hechos», y que se denunciará a quienes divulgaron los videos de las agresiones, argumentando que «vulneran antecedentes reservados que afectan a la honra y a la revictimización de la persona afectada».

La Federación de Trabajadores condena los hechos

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) también ha alzado la voz, condenando enérgicamente los actos a través de un comunicado. La organización sostiene que los hechos «constituyen una flagrante vulneración de sus derechos fundamentales y de su dignidad humana».

La FENATS va más allá, señalando que este incidente «no puede entenderse como un hecho aislado, sino como la manifestación de una violencia estructural que compromete los principios básicos de respeto, protección y garantía de los derechos humanos en el mundo del trabajo». Por ello, exige «las máximas sanciones inmediatas para todos quienes resulten responsables, incluyendo a los directivos de los establecimientos, que al omitir la denuncia se transforman en cómplices».