El Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado en contra del proyecto minero-portuario Dominga, impulsado en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.
La acción había sido interpuesta por el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable Rural Los Choros, la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros y la organización internacional Oceana Inc., que cuestionaban aspectos de legalidad y constitucionalidad relacionados con el proceso de evaluación del proyecto.
En su resolución, el TC sostuvo que el recurso no cumplía con los requisitos necesarios para ser admitido, al considerar que carecía de “fundamentación plausible o razonable”.
Asimismo, el tribunal argumentó que este tipo de acción no constituye la vía adecuada para “buscar la enmienda o revocar lo que ha sido –o pudiera ser– resuelto por un tribunal en ejercicio de sus competencias para determinar el sentido y alcance de uno o más preceptos legales”.
El fallo precisó que se trata de un “asunto de mera legalidad”, el cual debe resolverse bajo la legislación vigente y a través de la interpretación de los tribunales competentes. En ese sentido, añadió que el requerimiento presentado “adolece de falta de fundamento plausible, porque no presenta un potencial conflicto de constitucionalidad concreto, sino que la pretensión del requirente es impugnar el sistema procedimental supletorio”.
El TC enfatizó que este tipo de impugnaciones resultan incompatibles con la naturaleza de la acción de inaplicabilidad, ya que esta no busca eliminar sistemas normativos ni poner en cuestión la validez de las instituciones legales, sino resolver situaciones específicas sobre la aplicación de un precepto legal. Por ello, concluyó que la acción debía ser desestimada, al no configurarse un “verdadero conflicto de constitucionalidad”.
Con esta decisión, el proyecto Dominga supera un nuevo intento de bloqueo judicial, aunque las tensiones y cuestionamientos por su eventual impacto ambiental continúan siendo un foco de debate en la región y a nivel nacional.