Un oficial y dos sargentos de Gendarmería enfrentan cargos por no actuar ante reiteradas amenazas contra un recluso, quien fue asesinado a plena luz del día dentro del penal de Acha.
Una grave denuncia sacude al sistema penitenciario del norte del país. Tres funcionarios de Gendarmería, adscritos al Complejo Penitenciario de Acha en Arica, fueron detenidos este martes por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio por omisión, tras el asesinato de un interno ocurrido el pasado 29 de diciembre de 2023.
El procedimiento, liderado por la Fiscalía de Arica con apoyo del OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), apunta a un oficial y dos sargentos que, pese a estar en conocimiento de reiteradas amenazas de muerte contra el recluso —incluido un ataque previo con arma cortopunzante—, no adoptaron ninguna medida de resguardo ni accedieron a la solicitud de traslado del interno, quien había expresado temor por su vida.
Según los antecedentes recopilados por la unidad de inteligencia de la Fiscalía y personal especializado del OS9, el interno advirtió a los funcionarios sobre el riesgo inminente que corría. Días antes de su muerte ya había sido herido, pero no se ordenó su reubicación ni se reforzaron medidas de seguridad en su entorno.
El 29 de diciembre, durante un momento de salida al patio en el módulo de alta seguridad, el interno fue nuevamente atacado por otros reclusos, esta vez con resultados fatales. Recibió múltiples heridas cortopunzantes que le provocaron la muerte en el mismo recinto penitenciario, sin que se activaran protocolos de emergencia previos.
Este martes, tras varios meses de investigación, personal del OS9 y Labocar regresó al penal para detener a los tres funcionarios, quienes serán formalizados por su presunta participación en los hechos bajo la figura de omisión dolosa, un tipo penal que castiga la inacción consciente frente a un deber legal de protección.
La fiscalía no descarta nuevas diligencias en el caso, que podría sentar un precedente importante en la responsabilidad penal de funcionarios del sistema carcelario ante hechos de violencia evitables.