Proyecto “Champagne” Recibe Visto Bueno En Arica Pese A Reparos Técnicos Y Rechazo Indígena

La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Arica y Parinacota dio luz verde –tras casi seis horas de deliberación reservada– a la exploración aurífera “Champagne”, impulsada por Andex Minerals Chile SpA, filial de la canadiense Andex Gold. La decisión autoriza doce sondajes sobre el cerro Anocarire, punto de altísimo valor ceremonial y ecológico para comunidades aymaras y quechuas de las comunas de Putre y Camarones.

Votación Dividida Y Tensión Fuera Del Salón

Mientras los representantes regionales de Medio Ambiente, Minería, Energía, Salud, Agricultura y Vivienda deliberaban en el Salón de Honor de la Delegación Presidencial, en la calle aguardaban dirigentes indígenas, organizaciones socioambientales y estudiantes con carteles de rechazo. Muchos denunciaron la ausencia de consulta indígena obligatoria bajo el Convenio 169 de la OIT y calificaron la resolución como una vulneración a sus derechos territoriales.

Observaciones Ciudadanas Y Objeciones Técnicas

Durante la evaluación, la COEVA recibió más de un centenar de observaciones ciudadanas. Servicios como CONAF, la Dirección General de Aguas y CONADI advirtieron riesgos para un ecosistema altoandino frágil que abastece de recursos hídricos a los valles costeros. Pese a ello, la iniciativa se aprobó mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y no por un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de mayor rigurosidad, contraviniendo –según organizaciones– el criterio expresado por la Corte Suprema en 2021, que exigía un EIA para proyectos anteriores en la misma zona.

Próximos Pasos Y Posible Judicialización

Con la resolución favorable, Andex Minerals queda habilitada para iniciar perforaciones exploratorias hasta 500 metros de profundidad. Sin embargo, abogados ambientales y comunidades ya anunciaron que evalúan nuevas acciones legales para impugnar la decisión, argumentando infracción a la normativa de participación indígena y desprotección del patrimonio biocultural.

El caso podría escalar nuevamente a tribunales, reeditando un debate clave sobre los estándares ambientales y el respeto a los pueblos originarios en proyectos mineros de la macrozona norte.