En un fallo unánime, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica dictó sentencia contra Marco Antonio Rojas Vergara, quien fue condenado a 5 años y un día de presidio efectivo por el delito de homicidio frustrado, además de 541 días adicionales por porte ilegal de municiones. Los hechos ocurrieron entre agosto y septiembre de 2024 en distintos puntos de la ciudad.
La resolución —correspondiente a la causa rol 149-2025— fue adoptada por los jueces Gabriel Ormeño Valdebenito (presidente), Óscar Huenchual Pizarro (redactor) y Mario Reyes Trommer, quienes también impusieron al acusado las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, y la inhabilitación para ejercer cargos u oficios públicos durante el tiempo que dure la condena.
Según los antecedentes presentados en juicio, el hecho principal ocurrió el 20 de agosto de 2024, alrededor de las 16:10 horas. En ese momento, el acusado se dirigió armado hacia la intersección de Avenida Capitán Ávalos con calle Samo Alto, donde se encontraba la víctima. El ataque se desencadenó luego de un conflicto previo relacionado con una agresión a un familiar del imputado.
“El acusado, premunido de un arma de fuego y con la intención de causar la muerte a la víctima, concurrió hasta el lugar en que este se ubicaba (…) procediendo a sacar desde sus vestimentas un arma de fuego, con la cual le dispara en dos ocasiones (…) ocasionándole un shock hemorrágico de carácter grave por daño vascular y óseo”, detalló el fallo, describiendo las graves lesiones sufridas por la víctima en el muslo y pierna izquierda.
El agresor huyó de la escena por Avenida Capitán Ávalos, mientras la víctima fue auxiliada por el SAMU y trasladada al Hospital Regional de Arica, donde fue sometida a una cirugía de urgencia.
La investigación posterior, liderada por la Brigada de Homicidios de la PDI, permitió ubicar a Rojas Vergara el 16 de septiembre de 2024 en un domicilio ubicado en calle Rigoberto Letelier. Durante el allanamiento, se encontró en su mochila personal tres cartuchos calibre 9×19 mm escondidos dentro de un calcetín infantil.
“Munición que mantenía el imputado en su poder sin contar con las debidas autorizaciones legales y administrativas pertinentes”, señaló el tribunal, al fundamentar la condena por porte ilegal de municiones.
Finalmente, una vez que la sentencia quede ejecutoriada, el tribunal ordenó la toma de muestras biológicas del condenado para ser incorporadas al Registro Nacional de ADN de Condenados, tal como lo establece la legislación vigente.
Este fallo refuerza la política de persecución penal frente al uso de armas de fuego en espacios públicos y la posesión ilegal de municiones, delitos que han mostrado un alza en diversas regiones del país.