Dos beneficiarios de las pensiones otorgadas tras el estallido social serán formalizados por presunto fraude de subvenciones, recibiendo cada uno cerca de 7 millones de pesos.
La fiscalía ha solicitado la formalización de cargos contra dos personas que recibieron pensiones de gracia del 18-O por el delito de fraude de subvenciones. Se trata de Francisco Gatica Catalán, quien en 2019 habría simulado ser víctima de un trauma ocular, y Robinson Jaramillo Monje, quien fue condenado previamente por abusar de una niña. Ambos individuos recibieron sumas cercanas a los 7 millones de pesos. Estos casos, que se han revelado como fraudulentos, se mezclaron con otros beneficios legítimamente acreditados.
Esta formalización marca el primer resultado judicial de la investigación, iniciada en enero de 2024, cuando el fiscal nacional Ángel Valencia encargó al Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén indagar a las presuntas «falsas víctimas» de brutalidad policial y militar durante el estallido social que accedieron a este beneficio.
Los implicados son Francisco Gatica Catalán, de 33 años, quien en 2019 alegó haber sufrido un trauma ocular en Temuco, y Robinson Jaramillo Monje, de 58 años, quien recibió la pensión por un supuesto impacto de bala en el tobillo en Valdivia. Posteriormente, se descubrió que Jaramillo Monje también había sido condenado en 2009 por abusar sexualmente de una niña de seis años.
A ambos beneficiarios se les revocó la pensión en 2024, tras el estallido del caso. Los registros de la Tesorería General de la República indican que Gatica Catalán llegó a recibir $7.341.227, mientras que Jaramillo Monje percibió $6.896.461.
Gatica Catalán recibió el beneficio durante la administración anterior y vio un aumento en la pensión durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que otorgó 270 pensiones de gracia. Por su parte, Jaramillo Monje obtuvo su pensión durante el mandato del expresidente Sebastián Piñera, periodo en el que se concedieron 148 de estos beneficios.
La audiencia de formalización, solicitada el lunes 9 por el fiscal Carlos Eltit, ha sido programada para el 24 de julio en el Juzgado de Garantía de Temuco. Hasta la fecha, no se han solicitado otras audiencias en esta causa, a casi un año y medio de su apertura.
El delito que se les imputará es fraude de subvenciones. Dados los montos recibidos, los implicados podrían enfrentar penas de hasta cinco años de cárcel.
Detalles de la Investigación y Antecedentes
La causa penal se inició luego de que un medio local revelara la existencia de beneficiarios que tenían la doble condición de presuntas víctimas e imputados en la misma secuencia de hechos. Entre ellos, se mencionó el caso de Gabriel Allende, quien en octubre de 2019 recibió impactos de perdigón en Curacaví tras arrojar una molotov a Carabineros. Alcanzó a recibir $5.894.124 antes de que se le revocara el beneficio.
A esto se sumó el Informe 419/2023 de Contraloría, que identificó 58 casos con antecedentes penales por delitos como «estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar». Tras esta revelación, 28 pensiones de gracia fueron revocadas.
Ambos grupos de beneficiarios obtuvieron las pensiones porque ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que presentaba los casos, ni la comisión presidencial que los analizaba, revisaron sus antecedentes penales. La justificación dada fue que esto no era un requisito legal. Los casos fraudulentos, de esta manera, se mezclaron con otros debidamente acreditados, como el de Gustavo Gatica, quien quedó ciego en 2019 por un impacto policial.
El Caso de Francisco Gatica Catalán
El 3 de noviembre de 2019, el INDH presentó una querella contra todos los responsables de los apremios sufridos por Gatica Catalán. «El día 22 de octubre de 2019, el personal del INDH se constituyó en el Hospital Hernán Henríquez Aravena, lugar en donde se recibió la denuncia de don Francisco Javier Gatica Catalán, de 28 años de edad (entonces), quien señala que, en horas de la tarde, mientras se encontraba manifestándose de manera pacífica en el centro de Temuco, cuando recibe, por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros, disparos de perdigones, resultando con lesiones en tórax, al costado izquierdo y en su ojo izquierdo», consignó la querella.
En marzo de 2024, la directora del INDH, Consuelo Contreras, informó que funcionarios de La Araucanía detectaron inconsistencias en su relato, «por cuanto las lesiones que el denunciante atribuyó a agentes del Estado corresponden a los efectos de un accidente de tránsito ocurrido días antes de la denuncia presentada». Consecuentemente, el INDH se desistió de la querella en favor de Gatica Catalán, quien previamente registraba una querella por estafa y una denuncia por violación de morada, ambas cerradas. Tras el 18-O, se unió a un grupo de víctimas de trauma ocular.
El Caso de Robinson Jaramillo Monje
El caso de Jaramillo Monje, revelado el año pasado, mostró que antes de recibir una pensión de gracia por un supuesto impacto en el tobillo, tenía una condena de tres años y un día, sustituida por libertad vigilada, «en perjuicio de una menor de tan sólo seis años cometido el 9 de abril de 2009 a las 17:30 horas al interior del domicilio del sentenciado, ubicado en Valdivia».
En 2010, también fue condenado en un procedimiento simplificado a pagar una multa y a mantenerse alejado de la casa de su pareja por una agresión ocurrida el 27 de septiembre de 2009 en Valdivia, según la resolución judicial. Además, se ha indicado que el impacto en su tobillo «no sería consistente con munición militar o policial».