La trágica muerte de Maximiliana Amaro Mamani en Colchane, ocurrida hace ya un mes, no es un hecho aislado, sino un eslabón más en una preocupante cadena de violencia e inseguridad que azota las regiones fronterizas del norte de Chile, particularmente la región de Arica y Parinacota. Su caso, marcado por denuncias previas de amenazas y una aparente falta de protección, pone de manifiesto una inacción gubernamental que parece extenderse a otros graves problemas que afectan a la zona, como la creciente ola de asesinatos en Arica y la persistente crisis en la toma ilegal de Cerro Chuño.
La Indiferencia ante el Altiplano: Un Territorio Olvidado
El caso de Maximiliana Amaro revela una preocupante desconexión entre el centro del país y las realidades que se viven en las zonas fronterizas. Las denuncias de la comunidad aymara sobre la creciente inseguridad y la falta de control en el ingreso de extranjeros irregulares parecen haber sido desestimadas o, al menos, no abordadas con la urgencia y la seriedad que ameritaban. La trágica muerte de una «jach’a mama», una figura de respeto y sabiduría ancestral, en su propio hogar, tras haber advertido sobre las amenazas, evidencia una falla sistémica en la protección de los habitantes de estas áreas remotas, quienes, como bien señalan, cumplen un rol fundamental en la defensa de la soberanía nacional. La falta de una respuesta contundente y oportuna del gobierno ante este crimen alimenta la sensación de abandono y la percepción de que la vida y la seguridad en la frontera tienen un valor diferente.
Arica Sitiada por la Violencia
La región de Arica, puerta de entrada al país y un importante centro comercial, se ha visto ensombrecida en los últimos tiempos por una alarmante ola de asesinatos. Si bien las estadísticas pueden variar, la percepción ciudadana y los reportes de prensa coinciden en un aumento significativo de la violencia homicida, muchas veces ligada a la presencia de bandas criminales transnacionales y al control de territorios para actividades ilícitas como el narcotráfico y el tráfico de personas. Estos crímenes, que a menudo presentan características de extrema brutalidad, generan un clima de temor e inseguridad en la población, erosionando la calidad de vida y desafiando la capacidad del Estado para garantizar el orden y la seguridad. La inacción o la respuesta tardía del gobierno central ante esta escalada de violencia se traduce en una sensación de indefensión por parte de los habitantes de Arica, quienes ven cómo su ciudad se convierte en escenario de ajustes de cuentas y disputas territoriales sin una contención efectiva.
Cerro Chuño: Un Foco de Criminalidad y un Monumento a la Negligencia Estatal
La situación en la toma ilegal de Cerro Chuño en Arica representa un capítulo particularmente grave de la inacción gubernamental. Esta población, que en su origen fue desalojada debido a la alta concentración de plomo en el suelo, paradójicamente, se ha convertido en un peligroso foco de criminalidad, llegando a ser señalado como un centro de tortura y muerte operado por la temida organización transnacional «Tren de Aragua». A pesar de las acciones judiciales y los recursos destinados a la demolición de las viviendas, la persistencia de la toma y la proliferación de delitos en su interior evidencian una falta de voluntad política o una incapacidad operativa para abordar el problema de manera integral. La inacción ante la consolidación de un enclave de criminalidad en pleno territorio nacional no solo pone en riesgo la vida y la seguridad de quienes habitan en Cerro Chuño y sus alrededores, sino que también proyecta una imagen de debilidad del Estado frente al crimen organizado. Permitir que una zona contaminada y desalojada se convierta en un centro de operaciones de una organización criminal de la envergadura del «Tren de Aragua» es una grave negligencia que exige una respuesta urgente y coordinada por parte de las autoridades.
El reciente hallazgo de un cuerpo sin vida enterrado en una maleta en Cerro Chuño, ocurrido hoy 15 de mayo de 2025, se suma a la preocupante situación de violencia e inseguridad descrita en el análisis previo sobre la inacción gubernamental en la región de Arica y Parinacota. Este macabro descubrimiento no solo confirma la gravedad de la crisis existente, sino que también profundiza la crítica hacia la respuesta del Estado y el Poder Judicial ante la creciente criminalidad en la zona fronteriza.
Un Gobierno en Deuda con la Frontera:
El contraste entre el discurso de un gobierno que se proclama defensor de los derechos humanos y la realidad que se vive en las fronteras del norte de Chile es alarmante. La falta de acciones concretas y efectivas para proteger a comunidades vulnerables como la aymara en Colchane, para contener la ola de asesinatos en Arica y para desmantelar focos de criminalidad como Cerro Chuño genera una profunda desconfianza en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos, especialmente aquellos que habitan en territorios alejados del centro del poder.
La inacción gubernamental en estas zonas fronterizas no solo tiene consecuencias inmediatas en la vida de las personas, sino que también erosiona la legitimidad de las instituciones y debilita la presencia del Estado en áreas estratégicas para la soberanía nacional. Es imperativo que el gobierno central tome medidas urgentes y coordinadas para abordar la crisis de seguridad en Arica y Parinacota, que se traduzcan en un aumento efectivo de la presencia policial y militar en las fronteras, en el fortalecimiento de la investigación criminal, en la protección de las comunidades vulnerables y en la recuperación de territorios tomados por la delincuencia. La memoria de Maximiliana Amaro Mamani y el clamor de justicia de la comunidad aymara, junto con el miedo que se respira en las calles de Arica y la peligrosa realidad de Cerro Chuño, son un llamado urgente a la acción que el gobierno no puede seguir ignorando. La frontera chilena exige atención, seguridad y un Estado presente que cumpla su deber de proteger a todos sus habitantes.
La comunidad de Arica y Parinacota clama por seguridad y justicia. La continuidad de estos hechos trágicos, como el reciente descubrimiento en Cerro Chuño, no solo profundiza el miedo y la desconfianza, sino que también exige una respuesta inmediata y contundente por parte del gobierno y del Poder Judicial. La inacción prolongada tiene consecuencias directas en la vida y seguridad de los habitantes de la frontera, y erosiona la legitimidad del Estado en una zona estratégica para la soberanía nacional. Es imperativo que las autoridades actúen con la urgencia y la determinación que la gravedad de la situación demanda.