Investigación revela sofisticado esquema de robo, exportación ilegal y lavado de dinero que afectaba diversas regiones del país.
Un extenso operativo coordinado entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público culminó con la desarticulación de una organización delictiva transnacional dedicada a la sustracción y comercio ilícito de cobre. La banda, con operaciones que abarcaban desde Coquimbo y Calama hasta Santiago, extendía sus actividades ilícitas a naciones como India y Bélgica. En el centro de esta red se encontraba Francisco San Martín Álvarez, un empresario minero conocido en la región y quien fuera precandidato a la alcaldía por el Partido Republicano.
La figura de San Martín cobró notoriedad durante el periodo previo a las últimas elecciones municipales, siendo considerado como una posible carta del Partido Republicano para disputar la alcaldía de Coquimbo, actualmente liderada por Alí Manouchehri. Su potencial candidatura había sido previamente respaldada por Andrés Guerra, exaspirante a gobernador regional y actual candidato a diputado por el mismo partido.
Según la investigación en curso, San Martín, actualmente bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es señalado como el cabecilla de esta asociación ilícita dedicada al robo de cableado eléctrico para su posterior exportación a los mercados indio y belga. Documentos internos del Partido Republicano indican que San Martín intentó formar parte de la directiva regional en Coquimbo durante el año 2020, aunque su postulación no tuvo éxito, obteniendo solo 8 de los 297 votos emitidos. En el ámbito empresarial, se desempeñaba en la minería en la zona de Tierras Blancas y hasta el año 2024 integró el directorio del Colegio de Ingenieros.
El operativo denominado «Oro Rojo», llevado a cabo este martes, implicó la detención de 18 individuos, incluyendo a 7 ciudadanos extranjeros. Además, se logró la incautación de aproximadamente $160 millones en efectivo, divisas internacionales, 10 vehículos y motocicletas.
El prefecto inspector Ernesto León, jefe de la Región Policial de la PDI en Coquimbo, detalló que la organización criminal inició sus operaciones en La Serena, donde se detectaron los primeros casos de receptación de cobre sustraído. Posteriormente, el material era trasladado a Calama, luego a Coquimbo y finalmente a fundiciones ubicadas en Santiago, donde se procesaba para su exportación ilegal.
El delegado presidencial regional, Galo Luna, enfatizó el impacto negativo de estas actividades: «El impacto de esta red no era solo económico. Estamos hablando de un delito que afecta directamente la calidad de vida de las personas. La sustracción de cables deja a comunidades enteras sin servicios básicos».
La seremi de Seguridad Pública, María José Rojas, resaltó la coordinación interinstitucional que permitió el éxito del operativo: “Este es un delito que afectaba no solo a la región. El resultado de esta operación demuestra el compromiso del Gobierno con la desarticulación de estas redes delictuales”.
La operación «Oro Rojo» se alinea con las estrategias del Consejo contra el Crimen Organizado, que prioriza delitos de alto impacto como el robo de cobre, dada su afectación tanto a servicios esenciales como a sectores productivos clave del país. Las investigaciones en curso abarcan diversos delitos, incluyendo asociación criminal, fraude tributario, delitos aduaneros, lavado de activos y receptación.
Cabe recordar que el robo de cables de cobre ha sido una problemática recurrente en la región, especialmente en la comuna de La Higuera, generando interrupciones en el suministro eléctrico.