Un conflicto ha surgido en Pampa Concordia tras las medidas implementadas por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para combatir la plaga de mosca de la fruta. Productores locales denuncian que las acciones de control han provocado daños irreparables en sus plantaciones, generando pérdidas económicas significativas sin que exista un plan claro de compensación.
El senador José Miguel Durana se trasladó a la zona para evaluar la situación. «Aquí no sólo se fumigó el fruto, sino que se destruyeron y asesinaron los árboles», manifestó el parlamentario durante su visita a la propiedad de Lucía Mollo, lugar que los afectados han denominado como un «cementerio de árboles».
Pequeños agricultores en crisis
Mónica Ríos, representante de la Mujer Rural, expresó su malestar: «Exigimos que el SAG trabaje con nosotros y no que lleguen con poderes judiciales a arrasar con todo». La dirigente subrayó la difícil situación que enfrentan los pequeños productores, quienes continúan asumiendo costos de arriendo, impuestos y derechos de agua pese a la destrucción de sus medios de subsistencia.
Según los agricultores, las intervenciones se realizaron sin presentar pruebas contundentes de infestación en los frutos ni documentación que respalde los procedimientos ejecutados. Calculan que necesitarán al menos un quinquenio para recuperar sus cultivos, periodo durante el cual quedarán sin fuente de ingresos.
Posibles vías de solución
El senador Durana informó que se está analizando en la Comisión de Agricultura del Senado la posibilidad de gestionar indemnizaciones a través de la Ley 18.755 de INDAP, que contempla resarcimientos por pérdidas agrícolas. «No podemos permitir que se deje a estos trabajadores en la indefensión total. Exigimos protocolos claros y un resarcimiento por parte del Estado», afirmó el legislador, quien mantendrá una reunión con el director nacional del SAG este 27 de marzo para tratar el asunto.
La situación en Pampa Concordia sigue siendo crítica. Para la comunidad agrícola, las medidas de control de plagas han tenido consecuencias que van más allá de lo fitosanitario, afectando profundamente su estabilidad económica y poniendo en riesgo su continuidad productiva. Los afectados esperan que las autoridades den una respuesta pronta y efectiva a sus demandas.