Gobierno Regional y la posible evaluación de ser el ente ejecutor del programa a través del municipio
Más de 800 personas quedaron cesantes tras la finalización del Programa Proempleo. El Gobierno Regional de Arica y Parinacota (GoreAP) expresó su preocupación debido a la negativa de la Subsecretaría del Trabajo para recibir los fondos regionales destinados a esta iniciativa.
Fidel Bennett, Jefe de la División de Políticas de Empleo de la Subsecretaría, explicó las razones por las que actualmente no pueden recibir los recursos del Gobierno Regional para ejecutar el Proempleo. Según Bennett, el Gore ha insistido en una fórmula que está siendo cuestionada por la Contraloría General de la República desde el punto de vista administrativo y jurídico. Aunque la Subsecretaría del Trabajo estaba dispuesta a recibir los fondos regionales y ejecutar el programa como en años anteriores, la Contraloría Regional de Arica declaró ilegales los convenios del año 2023 entre la Delegación Presidencial y las ejecutoras privadas.
Bennett enfatizó que persistir en una fórmula similar implicaría que las responsabilidades administrativas recaigan en una entidad que no es la responsable del programa. Antes de tomar cualquier acción, la Subsecretaría necesita la respuesta de la Contraloría. Además, se enteraron de la representación de los convenios después de una reunión con el Gobernador, lo que no significa que no estén dispuestos a buscar una solución responsable.
El 22 de agosto de 2023, Bennett ofició a los Gores de Arica y Parinacota, Ñuble y Valparaíso advirtiendo sobre esta situación. En comparación, Arica enfrenta mayores complicaciones en este momento. Mientras Ñuble y Valparaíso extendieron los convenios antes de la finalización de 2023, Arica solicitó los convenios después de que el año 2023 ya había terminado y el convenio había precluido.
Como alternativa, se recomienda que el Gore utilice las glosas presupuestarias establecidas en la ley de presupuesto 2024 para ejecutar el programa de empleo. El Gobernador Jorge Díaz también plantea la posibilidad de revertir la situación mediante licitación pública a través de la Delegación Presidencial. Además, se estudia la ejecución a través de los municipios mediante el Programa de Mejoramiento Urbano PMU. Se hace un llamado a las entidades custodias para absorber la contratación de mano de obra y reducir la cantidad de personas incorporadas en el programa, buscando una solución temporal mientras se encuentra una vía de resolución.