Un informe elaborado por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile encendió nuevas alertas en una investigación en curso, al identificar elementos que podrían configurar un eventual delito de tráfico de influencias en gestiones realizadas por la parlamentaria Karol Cariola.
El documento, de 94 páginas y acompañado de más de 60 anexos, fue remitido a la Fiscalía Regional de Coquimbo, organismo que ahora deberá definir los pasos a seguir en la causa.
Gestiones Tras Decisión Municipal
Según el informe, las acciones atribuidas a la entonces diputada habrían estado orientadas a favorecer la renovación de patentes de alcohol de un local comercial perteneciente al empresario chino Bo Yang, conocido como Emilio Yang. Estas gestiones se habrían realizado en enero de 2022, luego de que el Concejo Municipal de Santiago ya hubiera rechazado dicha renovación.
El análisis policial sostiene que, si bien la decisión final no fue revertida, las intervenciones habrían generado movimientos administrativos fuera de lo habitual dentro de la Municipalidad de Santiago, prolongando el proceso más allá de su resolución inicial.
En ese sentido, el informe concluye que estas acciones dieron lugar a una serie de procedimientos excepcionales que se extendieron hasta 2023, lo que refuerza la hipótesis investigativa.
Coordinación Interna Y Comunicaciones
El documento también detalla que, tras los contactos entre Cariola y la entonces alcaldesa Irací Hassler, se habría instruido a funcionarios municipales revisar el caso y explorar alternativas administrativas para reactivar el trámite.
Uno de los antecedentes relevantes corresponde a la declaración de un funcionario municipal, quien indicó que su intervención se produjo por instrucción directa de la jefa comunal, a partir de solicitudes vinculadas a la parlamentaria. Asimismo, se consigna que el propio funcionario habría sido contactado directamente por Cariola mediante mensajería, en una situación que calificó como inusual.
Otros Involucrados Y Silencio En La Causa
La investigación también involucra a otras personas, entre ellas el empresario Bo Yang y Jorge Cárcamo Castro, señalado como intermediario entre las partes. Ambos se acogieron a su derecho a guardar silencio durante el proceso, según consta en el informe policial.
Respecto de este último, la PDI lo identifica como un nexo clave en la relación entre los actores involucrados, facilitando las comunicaciones entre la parlamentaria, la autoridad municipal y el empresario.
Defensa Cuestiona Conclusiones
Desde la defensa de la actual senadora, el abogado Juan Carlos Manríquez desestimó el alcance del informe, señalando que “Además desde lo penal, los actos de trámite no son terminales y no puede haber tráfico de influencia sin interés patrimonial, lo que no existe en este caso. El informe no entrega una conclusión categórica y no establece delito ni culpabilidad”.
El caso continúa en etapa investigativa y será el Ministerio Público el encargado de determinar si los antecedentes reunidos permiten avanzar hacia eventuales formalizaciones o el cierre de la causa.