La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de reajuste para el sector público y lo envió a segundo trámite, pero sin su punto más discutido: la llamada “norma de amarre”. El debate quedó marcado por el choque entre el aumento salarial —ampliamente respaldado— y los artículos que buscan regular la no renovación de contratas.
El reajuste aprobado considera un incremento total de 3,4%, dividido en dos tramos: 2,0% con efecto desde diciembre de 2025 y 1,4% a contar del 1 de junio de 2026. El texto también incorpora beneficios económicos como bonos y aguinaldos asociados al acuerdo con la Mesa del Sector Público.
Donde se trabó la discusión fue en las disposiciones de quórum calificado, entre ellas la denominada “confianza legítima”, apuntada por parte de la oposición como “ley de amarre”. La norma establecía que la no renovación de una contrata —o su renovación en condiciones distintas— debía formalizarse mediante un acto administrativo con criterios objetivos, y reconocía para quienes tuvieran al menos dos años continuos a contrata la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad ante la Contraloría.
Desde el Ejecutivo, el ministro Nicolás Grau adelantó que insistirán en reponer esa regulación durante el debate en el Senado y defendió su sentido, afirmando: “lo que busca no es amarrar a nadie a ningún cargo, sino que simplemente no existan arbitrariedades en el despido o no renovación de una contrata”. En paralelo, el proyecto llega a la Cámara Alta con la mayoría de sus artículos ya aprobados, aunque varios temas deberán volver a discutirse si el Gobierno los reingresa.