La Región de Arica y Parinacota encabeza a nivel nacional la tasa de denuncias por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, con cifras que casi duplican el promedio del país. Los datos, provenientes de un estudio de Fundación Amparo y Justicia basado en información del Ministerio Público, revelan además una fuerte caída en las formalizaciones y sentencias, lo que enciende alertas sobre la capacidad del sistema para entregar justicia oportuna a las víctimas.
Según el informe, la región registra una tasa anual de 1.258 víctimas por cada 100.000 menores de edad, frente a un promedio nacional de 710 por cada 100.000, lo que sitúa a Arica y Parinacota como el territorio con la carga más alta de estos delitos. Solo en 2024, se contabilizaron 822 víctimas en la zona, equivalente al 2,58% del total del país, pese a que la región concentra apenas cerca del 1,45% de la población infantil y adolescente de Chile.
El estudio advierte que, en los últimos siete años, se ha producido un incremento sostenido en el porcentaje de causas archivadas por delitos sexuales contra menores a nivel nacional, alcanzando un 74,3% de archivo en 2024. En el caso específico de Arica y Parinacota, la situación es especialmente preocupante: las formalizaciones de causas descendieron de 15,53% en 2018 a apenas 4,77% en 2024, lo que refleja una brecha entre la cantidad de denuncias que ingresan al sistema y aquellas que avanzan efectivamente hacia juicios y eventuales condenas.
Entre los factores que explicarían esta débil respuesta institucional, Fundación Amparo y Justicia pone el foco en el uso limitado y tardío de la entrevista investigativa videograbada (EIV), herramienta clave para obtener relatos de calidad sin revictimizar a niños, niñas y adolescentes. A nivel nacional, solo el 40,1% de las víctimas accedió a esta técnica en 2024 y, en la mayoría de los casos (57,8%), se aplicó más de un mes después de la denuncia, lejos de las recomendaciones internacionales que sugieren realizarla dentro de los primeros 15 días.
El panorama descrito para Arica y Parinacota combina, por un lado, una alta disposición a denunciar —reflejada en la tasa más alta del país— y, por otro, un sistema penal que no está logrando traducir esas denuncias en avances procesales proporcionales, ya sea por archivo, falta de pruebas oportunas o demoras en la aplicación de herramientas especializadas. Diversos organismos de protección de la niñez han insistido en que esta brecha no solo impacta en la búsqueda de justicia, sino también en la confianza de las comunidades en las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos.
En este contexto, los resultados del estudio reabren el debate sobre las capacidades reales del sistema de justicia en regiones extremas como Arica y Parinacota: disponibilidad de equipos especializados, tiempos de respuesta, coordinación interinstitucional y alcance territorial de las políticas de protección a la niñez. Mientras tanto, las cifras de denuncias y la baja proporción de causas que avanzan refuerzan la urgencia de fortalecer la prevención, la detección temprana y el acompañamiento integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en la puerta norte del país.