El Segundo Juzgado Civil de Antofagasta condenó a la Universidad de Antofagasta a indemnizar con $60 millones a una exalumna de Derecho que, tras décadas de esfuerzo, no logró convertirse en abogada debido a una grave negligencia administrativa cometida por la propia casa de estudios.
Una Lucha Que Comenzó En Los Años 70
La historia se remonta a 1979, cuando la mujer inició su formación en Derecho en la Universidad de Chile. Terminó sus ramos en 1983 y rindió el examen de grado en 1985, el cual reprobó. Una enfermedad le impidió repetir la prueba en ese momento, aunque igualmente realizó su práctica profesional en 1986 en la Corporación de Asistencia Judicial y, posteriormente, en 1989 ingresó a trabajar a la Contraloría Regional de Antofagasta.
El sueño de convertirse en abogada seguía latente. En 1999 supo que la Universidad de Antofagasta mantenía un convenio con la Universidad de Chile y presentó sus antecedentes académicos. La institución le convalidó 27 asignaturas, equivalentes al 79% de la malla curricular, lo que le permitía actualizar sus estudios aprobando solo seis ramos.
Entre 2000 y 2003 cursó nuevamente la carrera, rindiendo en los años siguientes los exámenes de grado, que finalmente aprobó en 2009.
La Sorpresa De La Corte Suprema
En septiembre de 2018 obtuvo la licenciatura en Ciencias Jurídicas y, con los documentos en regla, en marzo de 2019 solicitó jurar como abogada ante la Corte Suprema. Sin embargo, en enero de 2020 el máximo tribunal rechazó su petición al constatar que la Universidad de Antofagasta había vulnerado su propio reglamento, homologando más asignaturas de las permitidas.
Recién en 2023 la casa de estudios respondió a sus reclamos, señalando que no podía corregir la situación porque se trataba de una sentencia firme, lo que llevó a la exestudiante a presentar una demanda por responsabilidad civil.
La Justicia Le Dio La Razón
En julio pasado, la jueza Andrea Przybyszewski dictó sentencia favorable, argumentando que la universidad permitió que la mujer cursara estudios, rindiera exámenes y obtuviera la licenciatura sin justificar debidamente ante la Corte Suprema la transgresión al reglamento.
Por esta razón, se ordenó a la institución pagar $60 millones, más reajustes e intereses, como compensación por el perjuicio sufrido durante un proceso que se extendió por más de cuatro décadas.
A la fecha, la mujer —que comenzó su camino hacia la abogacía en 1979— aún no ha podido cumplir su anhelo de jurar como profesional del Derecho.