La indignación persiste en Arica a casi nueve meses de que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dictara una condena de 20 años de cárcel contra Ricardo Yévenes, hallado culpable del femicidio de la matrona Fabiola Vargas. Sin embargo, el sentenciado permanece en su domicilio bajo arresto domiciliario, a la espera de que la Corte Suprema resuelva la apelación presentada en la causa.
La situación ha generado profundo malestar en la comunidad ariqueña, especialmente entre organizaciones gremiales y sociales, que acusan una revictimización hacia la familia de Fabiola y una señal de impunidad frente a la violencia de género.
Desde la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) Arica se extendió un llamado a la ciudadanía, colegas y amistades de la víctima para sumarse a una marcha pacífica en el centro de la ciudad. La movilización busca visibilizar el caso y exigir que la condena se cumpla en un régimen efectivo de presidio.
La convocatoria está fijada para el martes 26 de agosto, a las 12:00 horas, con punto de inicio en la intersección de las calles 21 de Mayo y Alejandro Gallo. El recorrido contempla diversas arterias céntricas de la ciudad.
“Queremos justicia real para Fabiola. No basta con una condena en el papel si el responsable sigue en su casa. Exigimos que se respete la sentencia y se termine con esta injusticia”, señalaron desde Fenpruss Arica, enfatizando la necesidad de que la comunidad acompañe y respalde la demanda de la familia.
El femicidio de Fabiola Vargas, quien se desempeñaba como matrona en el Hospital Regional de Arica, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres en la región. Diversos colectivos feministas y organizaciones sociales han advertido que su caso refleja las falencias del sistema judicial en materia de protección y reparación hacia las víctimas de violencia de género.
Epílogo Editorial
Más allá de la indignación que provoca este caso en particular, lo ocurrido con Fabiola Vargas desnuda un problema estructural que atraviesa a todo el país: la insuficiencia de un sistema judicial que, en demasiadas ocasiones, parece proteger más al agresor que a la víctima. En Chile, cada femicidio es un golpe que resuena en la sociedad, pero también una lamentable oportunidad para exigir transformaciones de fondo. No la de bailar a torso desnudo y crear campañas mediáticas y vacías, generalizando el odio en contra del género masculino, sino de ejercicios concretos hacia los culpables, con penas realmente efectivas y a la brevedad. La memoria de Fabiola, y la de tantas mujeres que han perdido la vida a manos de la violencia por parte de cobardes agresores, interpela a nuestras instituciones y a cada ciudadano. La justicia no puede ser una promesa suspendida en tribunales; debe materializarse en acciones concretas, porque cada demora, cada denuncia que se omite, cada desidia que se manifiesta con el silencio, cada beneficio indebido, es también una forma de violencia.