El Consejo Regional (CORE) de Arica y Parinacota aprobó este martes la elaboración de la primera Estrategia Regional de Seguridad, una hoja de ruta destinada a mejorar la asignación de recursos públicos en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado en la región.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno Regional (GORE), busca orientar de forma eficaz la inversión pública en seguridad, considerando tanto las zonas urbanas como rurales del territorio. Para ello, se realizará un diagnóstico integral que incluirá el levantamiento de información territorial, identificando las principales demandas de la ciudadanía y los obstáculos que enfrentan las instituciones encargadas de la prevención y persecución del delito.
Durante la sesión del CORE, el gobernador regional Diego Paco subrayó la urgencia de actuar con responsabilidad y planificación frente a una crisis de seguridad que, según dijo, el Estado central ha sido incapaz de contener:
“No nos puede pasar lo mismo que en la educación pública. En los últimos diez años se han cuadruplicado los fondos, pero la calidad no ha mejorado, y eso ocurre cuando no se identifican bien los dolores del sistema. Por eso necesitamos una estrategia seria, diseñada con todos los actores involucrados en la seguridad”, afirmó.
El gobernador también fue crítico con la respuesta del nivel central:
“Santiago ya demostró que el drama que vivimos en regiones los sobrepasó. Este es un problema del Estado, y no vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando soluciones que no llegarán. Con el CORE hemos aprobado esta estrategia para garantizar que los recursos no solo sean necesarios, sino que estén correctamente orientados para enfrentar el avance de las bandas criminales”, enfatizó Paco.
Inversión Regional Histórica en Seguridad
La nueva estrategia se sumará a una cartera de iniciativas financiadas con recursos regionales. Solo en 2024, el GORE ha destinado más de 12 mil millones de pesos a programas de Seguridad Pública. En la última década, la inversión supera los 60 mil millones, reflejando el esfuerzo sostenido por enfrentar una crisis que afecta profundamente a las comunidades locales.
Entre los proyectos destacados se encuentra la financiación de la Unidad contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, así como la reciente creación de la Unidad de Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional, que articula medidas preventivas y de apoyo a las policías y fiscalías.
Con esta nueva estrategia, las autoridades buscan dar un paso más allá en la planificación territorial de la seguridad pública, avanzando hacia un modelo de gestión regional que no dependa exclusivamente de decisiones centralizadas.