La liberación, por error, de uno de los presuntos autores del homicidio del empresario José Reyes Ossa —conocido como el «Rey de Meiggs»— ha provocado un fuerte remezón en el sistema judicial chileno. El hecho ocurrió el pasado 10 de julio, menos de un día después de que el individuo fuera formalizado y se decretara su prisión preventiva. Ahora, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público indagan un posible hackeo informático como causa del insólito suceso.
El individuo, imputado por participar en un crimen por encargo, y quien estaría vinculado a la banda internacional Tren de Aragua, fue puesto en libertad luego de que Gendarmería recibiera un oficio supuestamente emitido por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. En el documento, se instruía dejar sin efecto la medida cautelar dictada horas antes. Poco después de su liberación, surgieron alertas: la orden judicial sería falsa.
Una de las principales líneas de investigación apunta a una vulneración del sistema digital del Poder Judicial. La Fiscalía está verificando si se trató de un acceso fraudulento a las credenciales oficiales o una suplantación de identidad digital para emitir el oficio falso. Esta situación ha encendido las alarmas sobre la ciberseguridad en los sistemas de justicia chilenos.
Desde Gendarmería confirmaron que, al no haber ninguna alerta interna que cuestionara el oficio recibido, se actuó conforme al protocolo y se procedió con la excarcelación del imputado. Solo posteriormente, tras verificarse la autenticidad del documento, se concluyó que este no tenía validez legal.
Actualmente, equipos especializados del OS9 de Carabineros se encuentran desplegados para dar con el paradero del sospechoso, cuyo rastro se perdió poco después de su liberación.
Según los antecedentes recopilados por el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el asesinato del empresario habría sido planificado y ejecutado como parte de una operación criminal por encargo. Se estima que los tres presuntos autores del homicidio recibirían un pago total de 30 millones de pesos, de los cuales se les habría entregado una fracción cercana a los 4,5 millones tras consumar el crimen.
El fiscal Sergio Soto, quien encabeza la investigación, explicó el entramado criminal tras el asesinato: “Las personas que participaron de este hecho fueron contactadas por otra persona de nacionalidad venezolana, que, a su vez, fue contactada por una persona de nacionalidad chilena, que estaba vinculada a los negocios de la víctima. A raíz de eso, habría encargado darle muerte”.
El caso no solo pone de manifiesto la gravedad del crimen y la conexión con redes delictuales internacionales, sino que también deja al descubierto fallas estructurales en el sistema de justicia digital, que podrían haber facilitado la fuga de un presunto sicario. El Ministerio Público y el Poder Judicial han iniciado investigaciones paralelas para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.