En un fallo categórico, el Segundo Juzgado de Letras de Arica desestimó en su totalidad la demanda interpuesta por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota (GORE) contra la Fundación Conecta TEA, en la que se exigía la devolución de más de 346 millones de pesos. La sentencia, además de rechazar los cargos, ordena al organismo público pagar las costas del juicio, al establecer que fue el propio Gobierno Regional quien incumplió con su deber de fiscalización.
La demanda —interpuesta por el GORE en 2023— pretendía responsabilizar a la fundación por supuestas irregularidades en la rendición de fondos entregados en el marco de un convenio de colaboración. Sin embargo, la defensa de Conecta TEA presentó una excepción de contrato no cumplido, argumentando que fue el Gobierno Regional quien falló al no ejercer el control exigido por la normativa vigente.
El juez Gonzalo Quiróz Espinoza, a cargo del caso, respaldó esta tesis, estableciendo en el fallo que “dicha parte omitió la obligación fiscalizadora y de supervisión impuesta en el propio convenio”, citando además la Resolución N°30 de la Contraloría General de la República y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley 18.575).
Documentación Completa Y Sin Observaciones
Durante el proceso, se comprobó que la Fundación Conecta TEA cumplió con entregar las rendiciones exigidas, incluyendo formularios, respaldos, informes y comprobantes, todos dentro de los plazos estipulados. Dichos antecedentes, según consta en la sentencia, fueron recibidos con timbre y firma por parte de funcionarios del Gobierno Regional, sin que se registraran observaciones formales o reparos en su momento.
“Estos documentos permiten tener por acreditado que la Fundación demandada efectivamente cumplió con entregar rendiciones”, dictaminó el magistrado.
El tribunal agregó que, al no haber existido impugnaciones oportunas ni objeciones válidas por parte del demandante, se debía presumir la buena fe y el cumplimiento por parte de la organización, conforme al principio de probidad administrativa y a lo estipulado en el Código Civil.
El Juicio Se Vuelve Contra El Demandante
El caso, lejos de comprometer a la fundación que trabaja con niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista, expuso serias falencias administrativas por parte del Gobierno Regional. El incumplimiento de su rol de fiscalización —que incluía el deber de revisar periódicamente las cuentas y rendiciones entregadas— fue determinante para que el juez desestimara completamente la acción judicial.
Como consecuencia, el GORE deberá ahora asumir el pago de las costas procesales, en un fallo que sienta un precedente respecto al alcance de las obligaciones del Estado cuando actúa como contraparte en convenios con organizaciones de la sociedad civil.
El registro completo de la declaración del magistrado Gonzalo Quiróz Espinoza está disponible en el siguiente enlace del Poder Judicial de Chile: Declaración Juez Gonzalo Quiróz – YouTube