La Cámara de Diputadas y Diputados dio un paso clave en la discusión legislativa sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, al aprobar —con 85 votos a favor— la idea de legislar un proyecto que busca endurecer las sanciones para adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos graves. La iniciativa, presentada por el diputado Andrés Longton (Renovación Nacional), apunta a modificar el marco legal actual que limita el tiempo de reclusión para este grupo etario.
Si bien el proyecto recibió un respaldo mayoritario en la Sala, su tramitación aún tiene un largo camino por recorrer. Debido a que se incorporaron indicaciones durante la votación, la propuesta debe volver a la Comisión de Constitución para su revisión antes de pasar al Senado.
Actualmente, la legislación establece que los adolescentes menores de 16 años no pueden recibir penas privativas de libertad superiores a cinco años, mientras que los mayores de esa edad pueden enfrentar condenas de hasta diez años. El proyecto en curso busca eliminar esa diferenciación, estableciendo un techo uniforme de hasta 10 años de cárcel incluso para quienes tienen 14 o 15 años, si cometen delitos graves.
El contexto de esta modificación está fuertemente influido por el aumento de delitos violentos en los que se han visto involucrados menores de edad. Desde distintos sectores políticos se ha argumentado que la ley vigente no refleja la gravedad de algunas conductas delictuales cometidas por adolescentes y que es necesario ajustar el marco sancionatorio para responder con mayor eficacia al fenómeno delictual.
No obstante, desde el Gobierno se han manifestado reservas respecto de este proyecto, señalando que puede resultar contraproducente si se aprueba de forma apresurada. El ministro de Justicia, Luis Cordero, recordó que en enero de 2023 se aprobó una profunda reforma al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, cuya implementación aún está en curso.
“Lo más prudente es que esperemos la implementación de ese sistema para hacer cambios sustantivos al modelo de responsabilidad penal adolescente, y con eso revisar en su conjunto las posibles modificaciones que se hagan para perfeccionarlo. Hacer modificaciones sobre la marcha no consideramos que sea una buena idea y menos cuando la evidencia va en el sentido contrario”, señaló el ministro.
La Defensoría de la Niñez, por su parte, ha reiterado que el foco del sistema no debe centrarse exclusivamente en el castigo, sino en la reinserción social de los adolescentes infractores, mediante programas especializados que apunten a prevenir la reincidencia y fomentar oportunidades reales de reintegración.
Con esta aprobación, se abre un nuevo capítulo en el debate sobre la responsabilidad penal juvenil, una discusión que enfrenta el desafío de conciliar seguridad pública con un enfoque respetuoso de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y que podría marcar un giro en la política criminal del país.