La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana solicitará al Consejo de Defensa del Estado analizar eventuales acciones legales para determinar responsabilidades patrimoniales tras el rescate de tres personas que permanecieron seis días aisladas en el Cajón del Maipo.
El operativo movilizó a diversas instituciones de emergencia y, según antecedentes entregados por la Municipalidad de San José de Maipo, tuvo un costo cercano a los $100 millones. Las autoridades también cuestionaron que los excursionistas ingresaran al sector pese a las advertencias por el sistema frontal.
El Gobierno, a través de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, anunció que solicitará al Consejo de Defensa del Estado (CDE) evaluar la posibilidad de iniciar acciones legales para establecer eventuales responsabilidades derivadas del rescate de tres personas que permanecieron aisladas durante seis días en el Cajón del Maipo.
Las personas rescatadas fueron identificadas como Martina Núñez (22 años), Magdalena Retamal (31) y Manuel Orellana, quienes fueron ubicados con vida en un refugio de las Termas del Valle de Colina, en la comuna de San José de Maipo.
En el operativo participaron equipos de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI), Bomberos y otros organismos de emergencia, en un despliegue que, de acuerdo con cifras entregadas por la Municipalidad de San José de Maipo, habría significado un costo cercano a los $100 millones.
Gobierno Busca Determinar Eventuales Responsabilidades
El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, informó que el Ejecutivo remitirá los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que determine si existen fundamentos jurídicos que permitan perseguir responsabilidades por el uso de recursos públicos durante el operativo.
«El Consejo de Defensa del Estado nos aclare la posibilidad de perseguir las responsabilidades por daño patrimonial, producto de personas irresponsables que no respetaron a la autoridad. Y en segundo lugar, todo lo que significó el costo de llegar al lugar y rescatar a las personas con vida», señaló la autoridad.
La iniciativa surge luego de que las autoridades recordaran que, previo al ingreso al sector cordillerano, existían alertas emitidas por la Dirección Meteorológica de Chile y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) debido al sistema frontal que afectó a la Región Metropolitana.
Autoridades Destacan El Riesgo Asumido Por Los Equipos De Emergencia
Durante sus declaraciones, Codina enfatizó que el operativo implicó un riesgo significativo para los equipos especializados que participaron en las labores de búsqueda y rescate.
«¿Y si el rescate hubiese tenido que realizarse por vía terrestre, pasando por tres zonas que son proclives a las avalanchas, y esto hubiera cobrado algunas de las vidas de los rescatistas?», planteó.
Asimismo, sostuvo que situaciones de este tipo exponen innecesariamente a funcionarios de distintas instituciones.
«A mí me parece que es grave que los rescatistas, los Bomberos, el GOPE de Carabineros, PDI, y el resto de quienes participan de los rescates, pongan en riesgo su vida por el actuar temerario e irresponsable de una persona que incluso hemos sabido que ha incurrido de manera reiterada en esta conducta irresponsable», afirmó.
Eventuales Sanciones Serán Analizadas Por El CDE
El delegado presidencial manifestó que, a su juicio, quienes incumplen las restricciones establecidas por la autoridad deberían enfrentar sanciones cuando su actuar genere importantes costos para el Estado.
«Cuando una persona viola todos esos preceptos y demuestra que su irresponsabilidad es aún mayor que todas las alertas, esa persona debería ser sancionada», indicó.
Además, agregó:
«Primero, pagando los costos asociados al rescate y, en segundo lugar, también creo que se debe legislar para que, en caso de que se cobre la vida de un rescatista por situaciones provocadas por irresponsables como este, esa persona pague con todo el rigor de la ley».
Análisis Jurídico Continúa En Desarrollo
La eventual presentación de acciones legales dependerá del análisis que realice el Consejo de Defensa del Estado, organismo que deberá determinar si existen antecedentes suficientes para ejercer acciones destinadas a recuperar parte de los recursos públicos utilizados en el operativo o perseguir otras responsabilidades conforme a la legislación vigente.
Hasta ahora, las autoridades no han informado la adopción de medidas judiciales concretas, las que quedarán supeditadas al pronunciamiento del organismo competente.
Fuente / Referencia:
- Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.
- Consejo de Defensa del Estado (CDE).
- Municipalidad de San José de Maipo.
- Carabineros de Chile.
- Policía de Investigaciones (PDI).
- Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).