«Corrupción sin color: 29 casos que retratan un problema de sistema»
Basado en el Informe Nacional de Investigación sobre Corrupción en Chile (2020-2026), de Radio Siglo 25.
La información contenida en este artículo ha sido recopilada minuciosamente de registros judiciales en sistema y archivos de prensa pública. Al no existir sentencias firmes en la mayoría de los procesos, los aludidos mantienen estrictamente su calidad de imputados o sujetos de investigación bajo el principio de presunción de inocencia que ampara la constitución y las leyes de la República.
APERTURA.
Buenos tardes, soy Omar Villegas Vega. Hoy, en Radio Siglo 25, iniciamos una serie especial de investigación donde desglosamos el panorama de los últimos seis años en Chile mediante una radiografía profunda y necesaria. En esta primera entrega, analizaremos el mapa general de las cifras y los engranajes del modelo.
Nuestro país ocupa el lugar 32 de 180 naciones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, posicionándose históricamente con el mejor puntaje de América Latina. Y, sin embargo, entre los años 2020 y 2026, nuestro equipo de investigación documentó y verificó veintinueve causas judiciales por corrupción que atraviesan, de forma transversal, prácticamente todo el aparato del Estado: la Presidencia, el Congreso, los gobiernos regionales, las municipalidades, el Poder Judicial, Carabineros, la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas y hasta las empresas públicas que administran nuestro cobre y nuestros ahorros.
Este no es un reportaje sobre un partido político en particular. Es un reportaje sobre un patrón.
De los veintinueve casos que revisamos —utilizando fuentes primarias, carpetas de fiscalías, resoluciones de tribunales y medios de comunicación de trayectoria reconocida— encontramos autoridades de la izquierda, la derecha, el centro y también sectores independientes. Encontramos generales, jueces, alcaldes, senadores, diputados, gobernadores y policías. Lo que no pudimos encontrar, en ninguna circunstancia, fue un sector político o institucional enteramente libre de sospecha.
LA RADIOGRAFÍA DE LA CORRUPCIÓN EN CIFRAS.
Antes de entrar en los nombres propios, analicemos las cifras. Y las cifras, a diferencia de las declaraciones políticas, no cambian según a quién le convenga el argumento.
De los veintinueve casos analizados por este equipo periodístico:
- Nueve de ellos ocurren en la Región Metropolitana. El resto del mapa se reparte de manera desigual entre las regiones de Antofagasta, La Araucanía, O’Higgins, Valparaíso, Maule, Aysén, Biobío, Atacama, Ñuble, Tarapacá y Magallanes.
- Seis regiones del país todavía no registran, dentro de nuestra línea de investigación, un caso judicializado y debidamente documentado. Eso no significa, bajo ningún concepto, que no exista corrupción en esos territorios. Puede significar, simplemente, que hay menos periodistas investigando en esas zonas.
- Seis de los casos corresponden a instituciones o empresas públicas sin bandera política directa, tales como Carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas o corporaciones estatales.
- En los casos con color político identificable, el desglose es taxativo: seis de los involucrados son independientes o no declaran militancia; cuatro pertenecen a los partidos de Chile Vamos (UDI y RN); dos al Partido Socialista; uno al Partido Comunista; uno a Revolución Democrática; uno a la Democracia Cristiana y uno al Partido Republicano.
Escúchelo bien: izquierda, derecha, centro e independientes. Todos representados en los expedientes judiciales.
Y en cuanto al actual resultado en tribunales, el dato es clave: solo cuatro de los veintinueve casos han terminado, hasta el día de hoy, en una condena firme o confirmada. Uno más registra una condena acordada mediante el mecanismo de procedimiento abreviado. El resto —la enorme mayoría— sigue su curso en las distintas fases legales: acusaciones formales, formalizaciones, investigaciones desformalizadas o querellas recién admitidas a trámite. Esa misma lentitud judicial es, en sí misma, parte de la historia que queremos contarle hoy.
LOS CUATRO ENGRANAJES DEL MODELO.
Si uno lee detalladamente los veintinueve casos, uno por uno, saltan a la vista los mismos mecanismos operativos una y otra vez, repitiéndose con distintos nombres propios y bajo diferentes colores políticos.
El primer mecanismo: la fundación o corporación de fachada. Fondos públicos que se transfieren de manera directo desde un gobierno o una secretaría regional ministerial hacia una fundación privada, omitiendo licitaciones y controles estrictos, para terminar, financiando honorarios o gastos particulares que nada tienen que ver con el objetivo social declarado. Lo vimos en el caso Convenios de Antofagasta, ligado originalmente a Revolución Democrática; lo vimos en el caso Manicure de La Araucanía, vinculado a personeros del Partido Republicano; y lo vimos en el caso Agencia del mismo Gobierno Regional de La Araucanía, esta vez con un exgobernador independiente cercano a Evópoli. Distintos colores, pero el mismo engranaje operativo. Incluso, un dato sumamente inquietante: una misma persona, un exjefe de gabinete regional, aparece vinculada formalmente a más de uno de estos casos en distintas zonas del país.
El segundo mecanismo: el abuso del trato directo en desmedro de la licitación pública. Alcaldes y autoridades locales que compran bienes raíces, contratan servicios de terceros o adjudican contratos millonarios sin pasar por los rigurosos controles que exige la ley de compras públicas, pactando precios muy superiores a los del mercado real. Lo vimos en la comuna de Rinconada, en la Región de Valparaíso; lo vimos con el gobernador de Magallanes, adquiriendo un inmueble para un programa de protección a la niñez en apenas cuarenta y ocho horas y sin licitación; y lo vimos multiplicado por cerca de setenta municipios a lo largo de Chile en el denominado caso Cuentas Corrientes.
El tercer mecanismo: la corrupción interna en las instituciones llamadas a perseguir el delito. Un exdirector general de la Policía de Investigaciones formalizado por la presunta filtración de información reservada de causas complejas. Una exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago formalizada por intervenir presuntamente para favorecer a un abogado a cambio de apoyos políticos para su propio nombramiento. Redes de funcionarios de Carabineros cobrando coimas por liberar vehículos embargados. O generales del Ejército formalizados por el desvío y uso irregular de fondos reservados que estaban destinados originalmente a la seguridad y defensa nacional.
El cuarto mecanismo: la reelección popular a pesar de las formalizaciones. Al menos dos alcaldes incluidos en este informe de investigación fueron reelectos por sus comunidades apenas semanas o meses después de haber sido formalizados ante los tribunales por el delito de fraude al Fisco. La ciudadanía, muchas veces, decide votar por ellos de igual manera.
EL DIAGNÓSTICO DETRÁS DE LAS SIGLAS.
Aquí es donde este reportaje especial deja de ser una simple lista de casos judiciales y se convierte en una pregunta profunda para todos nosotros como sociedad.
Cada vez que estalla uno de estos escándalos en la opinión pública, el sector político opuesto al del imputado sale de inmediato a levantar las banderas de la probidad, de la transparencia y de la urgencia de que «esto no vuelva a pasar». Sin embargo, cuando ese mismo sector político llega al poder o administra fondos públicos, el patrón se repite con una exactitud matemática: distinta sigla partidaria, idéntico mecanismo, mismo tipo de negligencia y el mismo abuso de la confianza pública.
Esto no constituye una opinión caprichosa de este equipo periodístico. Es lo que demuestran, de manera fría, documentada y completamente verificable, los veintinueve expedientes judiciales que hemos revisado para este informe.
Por eso, la pregunta que le dejamos hoy a nuestra audiencia no es si un partido político es más corrupto que el de al frente —los datos puros no respaldan esa conclusión, porque el fenómeno ha demostrado ser absolutamente transversal—. La pregunta de fondo es otra: ¿Por qué las instituciones que por diseño constitucional deberían prevenir esto —como la Contraloría General de la República, las unidades de control interno de los municipios, los concejos municipales y los propios comités de ética de los partidos— siguen fallando exactamente de la misma manera, gobierno tras gobierno, década tras década?
Y nos queda una segunda interrogante, más difícil e incómoda todavía: ¿Qué estamos dispuestos a exigir nosotros como ciudadanos que financiamos el Estado a través de nuestros impuestos, más allá de indignarnos por redes sociales durante dos o tres días cada vez que un caso nuevo aparece en las portadas de la prensa?
EL DEBER DE RECORDAR.
Queremos ser categóricos y sumamente responsables ante nuestra audiencia: ninguna de las personas mencionadas en este reportaje especial ha sido declarada culpable por los tribunales de justicia, salvo en los cinco casos específicos donde analizaremos mientras avanzan los capítulos, de manera explícita la existencia de una condena firme, ejecutoriada o acordada. Todo el resto de los aludidos goza, como corresponde estrictamente en un Estado de derecho, de la presunción de inocencia mientras los tribunales competentes no resuelvan lo contrario. Nuestro trabajo como investigadores no es condenar de forma anticipada; nuestra misión es informar con el nombre exacto, la fecha, el tribunal y la fuente oficial para que usted, de forma independiente, pueda sacar sus propias conclusiones.
Pero la acumulación sistemática de veintinueve casos verificados y judicializados en un periodo de solo seis años, afectando a prácticamente todas las esferas institucionales del país, no puede leerse como un simple accidente estadístico o un hecho aislado. Es, en toda regla, una radiografía de nuestro presente.
Radio Siglo 25 continuará con el desarrollo de esta línea de investigación. Aún nos quedan regiones por auditar, empresas públicas por documentar y decenas de causas vigentes en los tribunales que en los próximos meses e incluso años tendrán un desenlace definitivo.
Soy Omar Villegas Vega. Se lo vamos a seguir contando, caso por caso, con nombres y con fuentes rigurosas — porque la mejor forma de exigir que este escenario cambie es negarnos, de manera tajante como país, a permitir que se nos olvide. No se pierda nuestra próxima entrega.