Un total de 359 funcionarios públicos comenzará a ser formalizado en un proceso judicial que se inicia este lunes, en el marco de una investigación por el uso indebido de licencias médicas, incluyendo viajes al extranjero y visitas a casinos durante períodos de reposo.
El proceso es liderado por la Fiscalía Metropolitana Oriente, que fijó una serie de audiencias para imputar cargos a los involucrados, quienes arriesgan medidas cautelares por delitos asociados a fraude y obtención irregular de beneficios.
Investigación Se Originó Tras Informe De Contraloría
El caso se remonta a antecedentes revelados por la Contraloría General de la República, que en 2025 detectó múltiples irregularidades en el uso de licencias médicas dentro del sector público.
Según los datos recopilados, entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios habrían salido del país mientras estaban con reposo médico, mientras que otros 13 mil asistieron a casinos en el mismo período, incumpliendo las condiciones de sus licencias.
Red De Emisión De Licencias Bajo La Lupa
La indagatoria también permitió identificar a profesionales de la salud catalogados como emisores reiterados de licencias, junto con centros médicos vinculados a la entrega de estos documentos sin respaldo clínico suficiente. Entre ellos figuran Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios.
De acuerdo con los antecedentes, estas prácticas habrían generado un perjuicio económico al sistema público de salud, particularmente a Fonasa, debido al pago de subsidios por incapacidad laboral sin justificación médica válida.
Audiencias Y Delitos Imputados
El Ministerio Público detalló que la formalización se realizará en seis jornadas, comenzando este lunes con el primer grupo de imputados.
A los funcionarios se les atribuyen delitos como obtención fraudulenta de licencias médicas y fraude de subvenciones, en una causa que podría escalar a más involucrados conforme avance la investigación.
Este caso ha generado amplio impacto, no solo por el número de personas involucradas, sino también por las eventuales responsabilidades administrativas y penales que podrían derivarse en el ámbito público.