EL CONTRABANDO QUE NACE EN ZOFRI Y ENFERMA A TODO CHILE: Cómo los camiones con destino ficticio en Visviri burlan la frontera y traen de regreso la mosca de la fruta

El plan Escudo Fronterizo del presidente Kast va en la dirección correcta, pero personas que han trabajado en la zona advierten que, sin reformas urgentes a la normativa de la Zona Franca de Iquique, el problema seguirá creciendo desde adentro.

Por Omar Villegas Vega | Arica y Parinacota

A doscientos kilómetros al sureste de Arica, en el altiplano que roza los 3.600 metros de altura, se encuentra Visviri: 183 habitantes según el último censo, sin supermercado, sin bodega industrial, sin dirección comercial verificable. Sin embargo, decenas de guías de despacho emitidas en la Zona Franca de Iquique (ZOFRI) consignan ese pequeño pueblo como destino final de cargamentos de electrónica, electrodomésticos, textiles y vehículos que suman, en su conjunto, cifras que jamás podría absorber una localidad de ese tamaño. Esa es la raíz del problema: la declaración de destinos ficticios no es un error administrativo. Es el mecanismo de entrada de un esquema de contrabando organizado que el Estado chileno lleva años observando sin lograr cerrar definitivamente.

Y el retorno es igual de grave. Los mismos camiones que salen de Chile por pasos no habilitados vuelven a ingresar al país cargados con productos agrícolas que no pasan por ningún control del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Frutas, hortalizas, quesos y huevos, muchas de ellas portadoras de larvas y adultos de mosca de la fruta (Ceratitis capitata), se internan silenciosamente en el territorio nacional, avanzando hacia el sur. Chile perdió ese estatus de país libre de la plaga que tanto costó construir y que sostiene miles de millones de dólares en exportaciones hortífrutas, durante episodios anteriores. Lo que hoy está ocurriendo pone en alerta roja a toda la industria agrícola nacional.

EL PLAN ESCUDO FRONTERIZO: UN PASO NECESARIO QUE LLEGA EN EL MOMENTO JUSTO

Ante este escenario, la reacción del presidente José Antonio Kast ha sido contundente y, en términos de seguridad fronteriza, alineada con lo que los especialistas llevan años reclamando. En su primer día de gobierno, el mandatario firmó la Política Nacional de Cierre Fronterizo y puso en marcha el Plan Escudo Fronterizo bajo el mando del Ejército de Chile. La medida ordena el incremento de medios militares en sectores críticos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, el mejoramiento de la vigilancia mediante drones y sistemas optrónicos, la construcción de barreras físicas, zanjas, muros de hasta tres metros, cercos perimetrales y torres de vigilancia y el despliegue rotativo de cerca de 3.000 efectivos entre Fuerzas Armadas y Carabineros.

Asimismo, Kast nombró Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte al vicealmirante (r) Alberto Soto Valenzuela, figura con facultades de coordinación intersectorial para articular a las instituciones que operan en la frontera norte: Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas y los servicios fiscalizadores. El plan contempla cuatro ejes: protección territorial efectiva, integración institucional, modernización tecnológica y aplicación del Estado de Derecho para la reconducción y rechazo de quienes ingresan clandestinamente, con un plazo de implementación inicial de 90 días.

La iniciativa ha sido valorada ampliamente en la región norte. Sin embargo, analistas y especialistas que han trabajado en esta zona norte en seguridad por casi una década, son claros: la militarización de la frontera es condición necesaria pero no suficiente. Si no se cierra simultáneamente la brecha legal que existe en el origen del circuito de contrabando, específicamente en la normativa de compras de ZOFRI y en los protocolos de documentación de despacho, el problema continuará reproduciéndose.

EL MECANISMO: CÓMO SE DECLARA VISVIRI COMO DESTINO Y QUÉ PASA DESPUÉS

El esquema funciona así: un comprador, muchas veces con RUT de persona natural sin actividad comercial registrada o con un domicilio ficticio en ZOFRI, adquiere en la zona franca grandes volúmenes de mercancías. En la guía de despacho o en el Manifiesto Internacional de Carga (MIC) se consigna una dirección del tipo “S/N, Visviri o Colchane”. El documento cumple formalmente con los requisitos que exige la normativa vigente: hay un destinatario, hay una dirección, hay un RUT. Nadie verifica si esa bodega existe. Nadie cruza esa dirección con el catastro de propiedades comerciales del SII. El camión sale de ZOFRI legalmente.

Lo que sucede después es una operación de precisión. El vehículo abandona la ruta habilitada antes de llegar a los controles de Colchane, cruza por alguno de los más de 105 pasos clandestinos que Bolivia identificó en su frontera con Chile solo en 2023, cifra que en julio de 2025 ya superaba los 115 con 10 nuevos tramos descubiertos, la mayoría en el límite con Chile, según la Agencia Boliviana de Información y entrega la carga a comerciantes en Oruro, Cochabamba o Puno. El Estado chileno nunca registró oficialmente la salida.

EL RETORNO LETAL: CUANDO EL CAMIÓN VUELVE CARGADO DE PLAGA

El negocio del contrabando en la ruta norte es bidireccional. Y la segunda dirección puede ser la más peligrosa para Chile. Los vehículos que salen del país cargados de mercancías de ZOFRI regresan con productos agrícolas desde Bolivia y Perú: frutas, hortalizas, semillas, huevos. Ninguno pasa por los puestos de control del SAG. Muchos de ellos vienen contaminados.

La mosca de la fruta (Ceratitis capitata), conocida también como mosca mediterránea, puede atacar más de 250 especies de frutales y hortalizas y provocar pérdidas de entre el 10% y el 60% de las cosechas afectadas. Chile logró en 1995 el estatus de país libre de esta plaga, una condición que durante años fue radicada y que ha comenzado a reactivarse en el territorio nacional durante los últimos años, directamente vinculada al contrabando agrícola desde la zona norte.

Las cifras son elocuentes. Según datos del SAG en agosto de 2025, a esa fecha existían 42 brotes activos de mosca de la fruta distribuidos en regiones que van desde Arica y Parinacota hasta O’Higgins, casi el doble de los 23 casos erradicados en todo 2024. En el primer semestre de 2025 solamente, el SAG había decomisado 258.411 kilos de productos agropecuarios ingresados ilegalmente. El SAG reconoció explícitamente en su cuenta pública que el estatus de país libre se mantenía “pese a la alta presión del ingreso ilegal de productos agrícolas por la zona norte del país”.

Antnio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), calificó la situación en agosto de 2025 como una “grande emergencia nacional” y reclamó la responsabilidad del Estado: la seguridad también debe estar en las fronteras, y por la frontera norte de Chile hoy pasa de todo. Su llamado fue acompañado por una reunión de emergencia que convocó a la SNA, Frutas de Chile y Fedefruta con el Subsecretario de Agricultura para exigir facultades legales para el SAG: mayor capacidad de persecución, multas más altas y confiscación de medios de transporte utilizados en el contrabando agrícola.

UNA VOZ QUE LLEGÓ ANTES QUE LOS REFLECTORES: EL PROGRAMA “LA HORA DEL CAMBIO”

Mientras las cámaras de los grandes medios nacionales tardaban en enfocar la complejidad del fenómeno, una voz regional ya lo estaba poniendo sobre la mesa. El 23 de mayo de 2025, el programa radial La Hora del Cambio, conducido por Naomi Calle y Omar Villegas Vega desde Arica, dedicó su emisión a analizar en profundidad la problemática del contrabando en la ruta ZOFRI-Visviri-Frontera y su relación directa con el reingreso de productos agrícolas contaminados al territorio nacional.

En ese espacio, que constituye una referencia de debate público local sobre temáticas de seguridad y desarrollo regional, se abordó el impacto del contrabando no solo como una amenaza económica para el comercio formal, sino como un riesgo sanitario y fitosanitario que trasciende la región norte para afectar a todo el país. La transmisión llamó la atención sobre el flujo bidireccional del fenómeno y la ausencia de controles SAG efectivos en el retorno de los camiones por pasos no habilitados, anticipando meses antes las alertas que luego elevarían los gremios agrícolas nacionales.

Este tipo de periodismo local, que opera más cerca del territorio y de las comunidades afectadas, cumple una función de alerta temprana que los organismos del Estado deberían capitalizar con mayor sistematicidad. La cobertura de La Hora del Cambio en esa fecha es un ejemplo de lo que el periodismo regional puede aportar al debate de políticas públicas cuando se involucra con rigor en temas de interés nacional.

LO QUE EL ESCUDO FRONTERIZO NO PUEDE HACER SOLO: LA REFORMA PENDIENTE EN ZOFRI

El despliegue militar en la frontera tiene un límite estructural que ningún muro ni sensor puede superar por sí solo: el problema comienza cientos de kilómetros antes, en el momento en que se emite la guía de despacho con destino ficticio en la oficina de un vendedor de ZOFRI. Si ese documento pasa sin verificación real, el camión parte con toda la apariencia de legalidad. Y cuando llega a la zona militar, ya lleva horas de ventaja.

La normativa vigente de la Zona Franca de Iquique, establecida por la Ley N°18.483, fue diseñada para fomentar el comercio regional. Su lógica original no contempló la posibilidad de que fuera utilizada sistemáticamente para blanquear el origen de cargamentos que jamás llegarán al destino declarado. Hoy, esa omisión es una vulnerabilidad crítica. El administrador de ZOFRI no tiene mandato legal para verificar si la bodega declarada como destino existe, si tiene capacidad de almacenamiento suficiente ni si el RUT del destinatario registra alguna actividad comercial compatible con el volumen de la compra.

La reforma que se requiere no es compleja en su concepción, pero sí exige voluntad política y coordinación institucional. Lo central pasa por tres ejes: primero, exigir la acreditación de capacidad de almacenamiento instalada y domicilio verificado para toda compra de alto volumen con destino en zonas fronterizas críticas. Segundo, hacer obligatorio un sistema de GPS con validación en puntos de control que genere una presunción legal de contrabando ante cualquier desvío de ruta significativo. Tercero, integrar en tiempo real las bases de datos del SII, Aduana, SAG, Carabineros y Ejército en una plataforma única de tránsito, de modo que una dirección inexistente en Visviri simplemente no pueda ser ingresada en un sistema de facturación sin activar una alerta.

EL COSTO DE NO ACTUAR: MÁS ALLÁ DEL CONTRABANDO

Las consecuencias de este fenómeno no son solo económicas. El contrabando agrícola no controlado constituye un riesgo sanitario de primer orden. Si Chile pierde definitivamente su estatus de país libre de mosca de la fruta, condición que mantiene desde 1995 y que es exigida por sus principales mercados de exportación, las consecuencias para la industria frutero-exportadora serían devastadoras. Las exportaciones de frutas frescas chilenas superan los USD 5.000 millones anuales. Los países compradores exigen que la fruta provenga de zonas libres de la plaga, aplicando tratamientos cuarentenarios adicionales que encarecen la producción y pueden cerrar mercados estratégicos, incluyendo China.

La situación actual, con 42 focos activos en 7 regiones del país y un total de 68 brotes detectados entre 2024 y lo corrido de 2025 según datos del propio SAG, es alarmante. El gobierno anterior implementó en octubre de 2025 el Plan ‘NO a la Mosca de la Fruta, Chile Exporta Confianza’, que incluyó el refuerzo del control fronterizo, apoyo técnico internacional de México y la integración del SAG a los mecanismos coordinados con las policías. Esas medidas son valorables, pero los propios gremios agrícolas advirtieron que sin facultades legales más sólidas para el SAG y sin el cierre del circuito de contrabando en su origen, el avance es insuficiente.

El director nacional subrogante del SAG, Óscar Camacho, fue explícito al señalar que el aumento de brotes se relaciona directamente con el ingreso ilegal de frutas y hortalizas por pasos no habilitados en la zona norte. Y la red de más de 16.500 trampas de vigilancia que el servicio mantiene en todo el país, que se ampliará a 29.000 según el plan de fortalecimiento en curso, no puede sustituir la prevención en origen: impedir que los productos contaminados ingresen al territorio en primer lugar.

CONCLUSIÓN: LA FRONTERA Y ZOFRI SON DOS CARAS DEL MISMO PROBLEMA

La gestión del presidente Kast ha dado una señal clara de que el control de la frontera norte es prioridad de Estado. El despliegue militar, la tecnología de vigilancia y la figura del Comisionado de Macrozona Norte son decisiones que apuntan en la dirección correcta y que la ciudadanía de la región, cansada de ver cómo el comercio ilegal deteriora la economía formal y el medioambiente fitosanitario celebra con expectativa.

Pero la advertencia de los especialistas es clara y debe ser escuchada: la frontera no es el origen del problema, es el escenario donde el problema se manifiesta. El origen está en el sistema de documentación de ZOFRI, en las direcciones fantasma de Visviri y en la impunidad casi total que rodea la declaración de destino falso en un documento público. Mientras ese vacío legal no se cierre, los camiones seguirán saliendo legalmente de Iquique y el riesgo de la mosca de la fruta seguirá entrando por el norte para afectar a todo Chile.

La reforma de ZOFRI, el sistema GPS de trazabilidad obligatoria y la integración institucional de bases de datos son la contraparte legislativa indispensable del Escudo Fronterizo. Sin ella, el escudo tiene un agujero del tamaño de un camión.