Una revisión interna activada tras un cambio de autoridad permitió detectar un error en el cálculo de remuneraciones que se venía arrastrando desde 2020. El hallazgo derivó en pagos en exceso a autoridades nacionales y regionales, además de medidas administrativas para corregir el proceso y fijar responsabilidades.
El caso quedó al descubierto cuando un funcionario recientemente incorporado revisó liquidaciones asociadas a la salida de la exsubsecretaria Luz Vidal. En ese proceso se advirtió una aplicación incorrecta de la Ley N° 21.599, utilizada para reajustar sueldos del sector público, lo que terminó influyendo en las remuneraciones de autoridades nacionales del ministerio —incluida la ministra Antonia Orellana— durante un periodo acotado posterior.
De acuerdo con los antecedentes recopilados en la revisión, el origen del problema se vincula a la reforma constitucional de 2020 que rebajó y luego congeló los sueldos de las más altas autoridades, pero cuyos reajustes posteriores se habrían calculado de forma errónea. El resultado acumulado fue un sobrepago estimado en torno a los $312 millones.
Tras detectarse la irregularidad, se cuantificaron montos y se iniciaron reintegros. En el nivel central, se informó que la ministra Antonia Orellana devolvió poco más de $12 millones y la exsubsecretaria Luz Vidal cerca de $13 millones, restituciones realizadas por el monto bruto recibido, incluyendo cotizaciones, lo que obliga a gestionar recuperaciones posteriores ante instituciones previsionales y de salud.
La revisión se amplió hacia regiones: el análisis determinó que 42 seremis y exseremis, junto a cinco autoridades nacionales, registraron remuneraciones mal reajustadas en el periodo examinado. Con esos resultados se emitieron resoluciones para ordenar devoluciones, mientras el ministerio mantuvo un sumario administrativo en curso y contrató apoyo externo para revisar y corregir el procedimiento.
En una declaración pública, la cartera sostuvo: “Una vez revisado y contrastado el informe de la consultora externa con la información entregada por el sistema de pago de remuneraciones, durante diciembre de 2025, la Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género emitió las resoluciones que ordenan reintegrar las sumas indebidamente pagadas a todas las personas afectadas, que ejercen o ejercieron el cargo de autoridades regionales entre los años 2020 y 2025 como parte del proceso de regularización”. También añadió: “reafirmamos nuestro compromiso con la probidad, el buen uso de los recursos públicos y en la mejora continua de los procesos que permitan un control efectivo y oportuno de los recursos fiscales”.
El episodio, además, abrió cuestionamientos por los controles previos, considerando que auditorías internas realizadas en distintos momentos no habrían advertido las inconsistencias. En el Congreso, algunas parlamentarias pidieron acelerar la investigación y reforzar mecanismos de control, con planteamientos como: “lo ocurrido en el Ministerio de la Mujer resulta inaceptable. Un error en el cálculo de remuneraciones que se prolongó por casi cinco años y que significó un perjuicio fiscal superior a los $300 millones evidencia un grave desorden administrativo y una ausencia total de control interno”.