La investigación por la desaparición y muerte de Julia del Carmen Chuñil Catricura dio un giro cuando el Ministerio Público apuntó a su círculo más cercano y terminó con detenciones dentro del propio grupo familiar. En paralelo, el caso arrastró por meses una tesis de móvil político-ambiental que, según la Fiscalía, no logró sostenerse con antecedentes.
De acuerdo con lo expuesto en audiencia, la Fiscalía Regional de Los Ríos sostiene que la muerte de Chuñil se produjo tras un conflicto familiar originado por un presunto robo a un adulto mayor, y que luego se habría intentado encubrir lo ocurrido. Entre los imputados están tres hijos de la víctima y su exyerno, este último con identidad reservada por resolución judicial.
En ese contexto, la defensa del exyerno —según recogió el medio— enfatizó cooperación con la indagatoria: “Mi representado sí ha prestado colaboración”. Mientras el proceso avanzaba, la Fiscalía también sostuvo que la familia habría actuado como “herederos” tras la denuncia, con movimientos patrimoniales posteriores a la desaparición y acciones que, a juicio del persecutor, buscaban desviar la atención.
El reportaje detalla que la tesis del “activismo” tomó fuerza en los primeros meses, cuando se presentó una querella patrocinada por la Fundación Escazú Ahora, que instaló en sede judicial y mediática un relato ligado a defensa ambiental y conflicto por tierras. En esa línea, se reporta que incluso el debate público se tensionó con conceptos como “violencia interseccional” y “violencia de género contra mujer rural”, mientras la Fiscalía remarcaba que no había respaldo suficiente para afirmar una militancia o activismo organizado.
Con el paso de las diligencias, el foco investigativo se fue cerrando sobre la familia por testimonios y contradicciones, y el caso pasó de una hipótesis externa a una mirada centrada en el entorno íntimo. En la misma nota se consigna que, dentro de su comunidad religiosa, una persona relató que Chuñil “Manifestó que estaba siendo amenazada por uno de sus hijos” y otro asistente comentó: “Era la vida de ella o de su hijo”.
Tras la publicación, la fundación aludida respondió defendiendo su intervención y su lectura del caso. Afirmó que está “permanentemente monitoreando casos de agresión a defensores ambientales, contactando a las víctimas y ofreciendo apoyo cuando el Estado no llega”, y sostuvo que su apoyo incluyó acciones de búsqueda y representación jurídica durante parte de la investigación.