La PDI investiga la sustracción de armamento y municiones desde el Laboratorio de Criminalística Regional de Concepción, en un caso que ya dejó a un funcionario detenido y con prisión preventiva. En paralelo, la jefatura de esa unidad fue suspendida mientras se desarrolla un sumario y continúan diligencias para recuperar la evidencia desaparecida.
El hallazgo se detectó durante una «revisión de los peritajes pendientes en dependencias del Laboratorio de Criminalística Regional», realizada a partir de una solicitud del Ministerio Público. En esa instancia, la institución indicó que se constató la ausencia de «ocho Cadenas de Custodia de Evidencia, las cuales sumaban seis armas de fuego y municiones de diferentes calibres, razón por la cual se dio cuenta inmediatamente al ente persecutor, quien acogió la denuncia».
Con esos antecedentes, la indagatoria quedó en manos del Departamento V de Asuntos Internos, que atribuyó participación a un agente policial. Según lo informado, fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Concepción por hurto e infracción a la Ley N° 17.798, quedando con la cautelar de prisión preventiva, y además se inició un sumario interno.
La PDI añadió que el funcionario fue apartado de la institución: «En razón de estos hechos, existe un sumario en curso en contra de esta persona, quien fue desvinculado inmediatamente de la institución». Junto a eso, se resolvió suspender a la actual jefa del Laboratorio de Criminalística Regional de Concepción por su eventual responsabilidad de mando y control.
En el trasfondo, se indicó que el armamento correspondía a piezas incautadas en investigaciones de homicidios en distintas comunas de la región, y que el acceso a la unidad donde se mantenían las evidencias podría involucrar a más personas, aspecto que hoy forma parte de las diligencias en curso.
Desde la PDI, el caso fue enmarcado en su política institucional frente a delitos con participación de funcionarios y en la necesidad de cooperar con Fiscalía, subrayando una «política de transparencia ante hechos que revisten características de delitos y se encuentren involucrados funcionarios de nuestra institución», además de recalcar que las medidas adoptadas «dan muestra del principio de objetividad e imparcialidad en los procesos investigativos desarrollados por esta policía».
Como reacción política, la diputada Marlene Pérez advirtió: «Desde hace varios años que venimos advirtiendo sobre los intentos del crimen organizado y del narcotráfico por permear las instituciones públicas, tal como ha ocurrido en otros países de Latinoamérica. Por lo que frente a cualquier indicio en esa dirección resulta fundamental adoptar todas las medidas que correspondan», y añadió: «Acá es importante que las instituciones como la PDI, o cualquier otra institución, realicen investigaciones internas exhaustivas para determinar si existen antecedentes que apunten a cualquier eventual nexo con el crimen organizado».
En las horas siguientes, se reportó además una segunda detención vinculada al caso, sin que al momento de ese reporte se confirmara públicamente si se trataba o no de otro funcionario, mientras continúa el trabajo para ubicar las armas y municiones sustraídas.