La justicia cerró una etapa clave en el caso de la matrona ariqueña Fabiola Vargas, luego de que el máximo tribunal del país rechazara el recurso de nulidad presentado por la defensa del psiquiatra Ricardo Yévenes Ramírez. Con esta decisión, queda firme la condena de 20 años de presidio efectivo dictada en su contra por el femicidio cometido en el valle de Azapa, confirmando la calificación jurídica y la pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal de Arica.
El fallo recurrido fue dictado tras el juicio oral realizado por el TOP de Arica, que condenó a Yévenes como autor del delito consumado de femicidio en perjuicio de su conviviente, la matrona Fabiola Vargas Pallauta. El tribunal estableció que la víctima fue agredida en forma reiterada, presentando múltiples contusiones en cabeza, tórax y extremidades en distintos estados de evolución, lo que daba cuenta de un historial de violencia previa.
De acuerdo con los antecedentes acreditados en el juicio, durante la madrugada, al interior de una vivienda en San Miguel de Azapa, Yévenes golpeó a la víctima en la región ocular izquierda con un objeto contundente, provocándole un traumatismo encéfalo craneano de alta intensidad. Pese a su condición de médico y al evidente riesgo vital de la mujer, retardó por varias horas su traslado a un centro asistencial. Recién horas después Fabiola fue ingresada al Hospital Regional de Arica, donde falleció a consecuencia del grave traumatismo y la posterior falla multiorgánica.
La defensa del condenado acudió a la Corte Suprema buscando anular la sentencia, invocando supuestos errores en la valoración de la prueba y en la aplicación del derecho. Sin embargo, el máximo tribunal descartó estos argumentos y resolvió mantener íntegramente el fallo del TOP de Arica, ratificando tanto la responsabilidad penal de Yévenes como la pena de 20 años de presidio mayor, además de las inhabilitaciones absolutas para cargos y oficios públicos y el ejercicio de profesiones titulares mientras dure la condena.
Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), la directora nacional Priscilla Carrasco Pizarro valoró la decisión del máximo tribunal y subrayó su importancia para la búsqueda de justicia en casos de violencia extrema contra las mujeres. Al respecto, indicó que «la confirmación de la condena representa un paso fundamental para garantizar justicia en un delito tan grave como el femicidio. Es indispensable que el sistema actúe con oportunidad y enfoque de derechos para evitar la revictimización de las familias».
El servicio recordó que ha acompañado a la familia de Fabiola desde el inicio del proceso y que mantuvo la representación judicial durante la tramitación del recurso de nulidad, el cual se encontraba en tabla desde comienzos de año y fue sucesivamente postergado, prolongando la incertidumbre para las víctimas indirectas. SernamEG enfatizó que esta resolución del máximo tribunal entrega certezas y permite avanzar en un caso que estuvo marcado por una demora considerada excesiva, reiterando su compromiso de seguir acompañando a la familia y de reforzar el trabajo de prevención de todas las formas de violencia de género.
La resolución se conoce tras un proceso judicial marcado por la presión social y la vigilancia ciudadana, especialmente luego de episodios anteriores en que el régimen de cumplimiento de la condena —como beneficios o cambios en las medidas cautelares— generó fuerte indignación en Arica y motivó marchas y manifestaciones que exigían que la justicia actuara con perspectiva de género y sin privilegios.
Con el rechazo definitivo del recurso de nulidad, el caso Fabiola entra en una nueva fase: la de ejecución de la pena, en la que se espera que el condenado cumpla efectivamente los 20 años de presidio y se concrete, además, su registro en la base nacional de ADN de condenados, tal como dispuso el tribunal de origen. Para la familia de la víctima, organizaciones de mujeres y gremios de la salud que han seguido el proceso, la decisión de la Suprema se interpreta como un paso relevante en la búsqueda de verdad, justicia y reparación en uno de los femicidios más emblemáticos de los últimos años en la región de Arica y Parinacota.