Tras una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados, el Congreso aprobó y dejó lista para su promulgación la nueva Ley de Seguridad Municipal, normativa que por primera vez fija un marco general al que deberán ceñirse todos los municipios del país en materia de prevención del delito y apoyo a la seguridad pública. La ley forma parte del “fast track” de seguridad impulsado por el Ejecutivo y busca ordenar, profesionalizar y coordinar mejor el rol de las direcciones de seguridad ciudadana municipales.
La norma reconoce legalmente la figura del inspector o inspectora de seguridad municipal, definiendo sus funciones y límites. Entre sus atribuciones se contempla realizar patrullajes preventivos, colaborar en patrullajes mixtos con policías, incautar especies que se comercialicen ilegalmente en la vía pública, dirigir el tránsito en situaciones de emergencia y requerir la identidad en el marco de infracciones propias de su competencia, siempre en coordinación con Carabineros y la PDI.
Además, la ley crea los Comités Operativos de Seguridad Municipal, instancias encabezadas por las alcaldesas y alcaldes que articularán a inspectores, equipos municipales, policías y otras instituciones del sistema de seguridad pública. Estos comités deberán elaborar planes de prevención, coordinar el uso de cámaras, patrullajes y dispositivos territoriales, y reportar periódicamente sus resultados al Consejo Comunal de Seguridad Pública.
Un elemento central de la normativa es que refuerza la protección laboral y jurídica de los funcionarios municipales que participan en labores de seguridad, estableciendo estándares de capacitación, protocolos de actuación y resguardos frente a agresiones, amenazas o responsabilidades que excedan su ámbito de acción. Al mismo tiempo, deja claro que los inspectores no son policías y que no pueden portar armas de fuego ni realizar detenciones fuera de los supuestos ya contemplados en la ley para cualquier ciudadano.
La aprobación de la Ley de Seguridad Municipal se produjo luego de que el día anterior fracasara una sesión por falta de quórum, situación que generó críticas públicas hacia la Cámara. Finalmente, el proyecto fue respaldado transversalmente y despachado, en línea con la agenda que busca mejor coordinación entre municipios, policías y el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito a nivel local y otorgar mayor claridad sobre qué pueden y qué no pueden hacer los equipos de seguridad municipal en todo Chile.