Mientras hoy siete Administradoras de Fondos de Pensiones (Modelo, Provida, Habitat, PlanVital, Capital, Uno y Cuprum) gestionan los ahorros de cerca de 12 millones de cotizantes, un nuevo actor podría sumarse al sistema a partir de 2026: una AFP impulsada directamente por trabajadores municipales y concebida como “de propiedad de los trabajadores”. La iniciativa, patrocinada por la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch), aspira a competir en el mismo mercado previsional, pero con un diseño societario y un discurso centrados en mayor participación y enfoque social.
Según registros de la Ley del Lobby, dirigentes de Fentramuch se reunieron con el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, y parte de su equipo para presentar el proyecto bajo el título “Constitución de nueva AFP, de propiedad de trabajadores”. Allí expusieron los lineamientos de la futura administradora y dejaron claro que su origen está ligado a la crítica que mantienen frente a la Reforma de Pensiones aprobada este año, la cual —a su juicio— fortaleció el negocio de las AFP tradicionales sin resolver de fondo los problemas de distribución y solidaridad en la etapa de jubilación.
El presidente de Fentramuch, Fabián Caballero, explicó que la propuesta se articula en torno a un comité de formación integrado principalmente por la federación, en asociación con dos fondos de inversión privados, con el objetivo de levantar un modelo que combine participación de los trabajadores, foco social y viabilidad económica. La administradora ya tiene nombre tentativo: “Nuestra AFP”, y cuenta con estudios de factibilidad y conversaciones preliminares con la autoridad reguladora para avanzar en los requisitos de constitución, capital y gobierno corporativo exigidos por la Superintendencia de Pensiones.
Caballero ha señalado que la motivación central es ofrecer una alternativa a quienes ven con desconfianza el esquema actual: una AFP donde los trabajadores sean socios y donde la lógica de negocio incluya compromisos explícitos con la transparencia, la rebaja de comisiones y una política de inversiones alineada con criterios de sostenibilidad social. Aunque aún no hay autorizaciones formales ni plazos cerrados, los impulsores proyectan que, una vez en marcha, podrían reunir alrededor de 60 mil afiliados en los primeros ocho meses y alcanzar un millón de cotizantes en un horizonte de cuatro años, si logran captar a una fracción de los trabajadores municipales y del sector público, además de afiliados del mundo privado.
La eventual entrada de “Nuestra AFP” se daría en medio de un debate abierto sobre el futuro del sistema previsional chileno: mientras el Gobierno defiende la reforma recientemente aprobada —que introduce un componente de seguro social y nuevas reglas de cotización—, parte del movimiento social y gremial sostiene que el modelo sigue dependiendo fuertemente de administradoras privadas con fines de lucro. En ese escenario, una AFP de “propiedad de los trabajadores” podría convertirse tanto en un experimento de participación dentro del sistema actual como en un nuevo punto de tensión política sobre el rol de los fondos previsionales, su gestión y quién controla el negocio de las pensiones en Chile.