El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, encendió las alarmas al advertir que el recorte de recursos al Ministerio Público —vinculado al término de un convenio de fortalecimiento institucional con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— amenaza directamente la continuidad de la Unidad Especializada en Delitos Fronterizos, instalada en el complejo fronterizo de Chacalluta. Según el persecutor, si no se reponen fondos o se reasignan funcionarios, la Fiscalía de Frontera “ya sería insostenible”, poniendo en riesgo una pieza clave en la persecución penal de delitos transnacionales en el extremo norte.
Esta unidad fue creada para investigar ilícitos asociados a la frontera con Perú —como tráfico de drogas, trata de personas, contrabando, tráfico de migrantes y otros delitos complejos— y para entregar atención especializada a víctimas especialmente vulnerables, entre ellas niños, niñas y adolescentes. Hoy opera con un equipo que cubre turnos diurnos y nocturnos en el propio paso de Chacalluta, acompañando procedimientos que se producen en un corredor marcado por la crisis migratoria, el crimen organizado y el uso de pasos irregulares.
Carrera planteó dos escenarios igual de preocupantes: el cierre definitivo de la unidad o una reducción drástica de su operatividad, eliminando los turnos de noche y volviendo a un esquema acotado a horario de oficina. A su juicio, ello sería un contrasentido operativo, porque la experiencia de marcha blanca y puesta en marcha demostró que la mayor parte de los procedimientos se concentra precisamente fuera del horario hábil, cuando se intensifica el tránsito de camiones, buses interurbanos y vehículos que usan la frontera como ruta para ilícitos.
El fiscal regional recordó además que la unidad nació a partir de un acuerdo político-técnico con el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y que el compromiso contemplaba la facilitación de cinco funcionarios para consolidar el equipo de frontera, sin condicionar su existencia a una sola fuente de financiamiento. El ajuste presupuestario, sin embargo, no solo golpea la operación de esta fiscalía especializada, sino que también se traduce en despidos proyectados en al menos cuatro regiones, con Arica, Tarapacá, Antofagasta y La Araucanía como las más afectadas.
En entrevistas a medios nacionales, Carrera ha sido categórico al señalar que “sin funcionarios, no se puede mantener la unidad” y que, si no se concretan esfuerzos por redireccionar recursos desde otras áreas, la Fiscalía de Frontera podría dejar de existir a partir de la próxima ejecución presupuestaria. El escenario se vuelve especialmente sensible en un contexto donde el norte de Chile enfrenta una presión sostenida por delitos asociados a redes transnacionales, al tiempo que se discuten nuevas medidas de seguridad y militarización en las fronteras de Perú y Bolivia.