CGE y ALTO Chile informaron que, a octubre de 2025, han impulsado 807 querellas por hurto de energía en su zona de concesión —desde Arica y Parinacota hasta La Araucanía—, logrando 54 formalizaciones en tribunales. La ofensiva judicial se apoya en evidencia técnica y perfilamiento de responsables, y busca disminuir un delito que afecta la continuidad y seguridad del suministro.
El balance del año da cuenta de un perjuicio económico estimado en $2.700 millones y de más de 25 millones de kWh sustraídos, equivalentes al consumo mensual de cerca de 140 mil hogares. Las acciones penales se concentran en la macrozona sur (38,3%), seguida de la zona centro (37,5%) y el norte (24,2%), donde CGE atiende a más de 3,2 millones de clientes. En paralelo, se reforzaron inspecciones en terreno y campañas de prevención en barrios y comercios de alto riesgo.
Desde la distribuidora subrayaron el efecto comunitario del ilícito y el sentido disuasivo de las formalizaciones. Ernesto Peñafiel, director de Servicios Jurídicos de CGE, recalcó: “la comunidad debe comprender que los mayores afectados por este delito son los mismos vecinos, sobre todo en casos excepcionales como catástrofes naturales, donde se vuelve realmente importante contar con un servicio fundamental como la energía eléctrica. El objetivo de estas formalizaciones es generar un efecto disuasivo y así disminuir el hurto de energía en todas las zonas del país donde operamos”.
ALTO Chile, a cargo de la persecución penal, destacó la dificultad de individualizar a imputados cuando las causas parten “contra quien resulte responsable” y valoró los avances de este año. Su gerente Legal & Compliance, Eduardo Hernández, afirmó: “Un primer desafío como querellantes en la persecución de estos delitos es lograr la formalización de los responsables en tribunales, ya que habitualmente se trata de querellas que inician con un imputado no identificado, y el proceso de investigación puede ser extenso. Que hoy alcancemos 54 formalizaciones demuestra que sí es posible avanzar en el plano judicial y buscar sanciones a quienes cometen este delito”. También enfatizó el foco educativo: “es importante entender que ‘colgarse’ de la red eléctrica no es una acción audaz, sino un delito tipificado en la ley y que trae aparejadas sanciones claras. Por eso, junto a CGE estamos impulsando campañas educativas para que la comunidad comprenda que este acto perjudica al sistema eléctrico y a la comunidad”.
La estrategia contempla, además, cierres de puntos inseguros, normalización de empalmes y coordinación con municipios y policías para reducir incidentes asociados a conexiones ilegales (sobrecargas, incendios y cortes masivos).
La figura aplicable en estos casos corresponde al delito de hurto de energía regulado por la legislación chilena; las responsabilidades penales se determinan caso a caso por los tribunales competentes.