Coordinación Interinstitucional Busca Proteger La Salud De La Población Y El Medio Ambiente
La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota informó que este lunes comenzó un operativo sin precedentes para retirar, trasladar y disponer de manera segura los precursores químicos incautados en el Puerto de Arica, un procedimiento histórico por su magnitud y complejidad en Chile.
Detalles Del Operativo
La operación abarca 41 contenedores que almacenan más de 690 toneladas de sustancias químicas, entre ellas 576 toneladas de acetato de etilo, un líquido altamente inflamable. También se incluyen cloruro de calcio, hidróxido de sodio y metabisulfito de sodio, todos precursores utilizados para la fabricación de drogas.
Debido a la peligrosidad del material, se implementaron protocolos especiales de seguridad, coordinados con Senapred, la Seremi de Salud, la Autoridad Marítima, Carabineros, la Empresa Portuaria Arica, el Terminal Puerto Arica y otras instituciones con competencias técnicas.
La empresa Ambipar Response Chile fue seleccionada tras una evaluación técnica y económica, y será responsable de la preparación de las sustancias, su traslado terrestre y la disposición final en una planta autorizada en Antofagasta con resolución sanitaria vigente.
Declaraciones De Autoridades
El delegado presidencial regional (s) Nicolás González Gutiérrez enfatizó la prioridad del operativo:
“Nuestra prioridad es la seguridad de las familias de Arica y Parinacota. Hemos articulado a todas las instituciones competentes para asegurar que este procedimiento se realice bajo los más altos estándares de prevención, control y fiscalización. La comunidad puede tener la certeza de que estamos trabajando con rigor y responsabilidad para eliminar cualquier riesgo asociado a esta operación”.
Optimización Logística
Originalmente, el retiro de los químicos estaba proyectado para 4 a 5 meses, pero gracias a un aumento en la capacidad de transporte y la ampliación de cupos en la planta de disposición final, el operativo se estima finalizará en 7 a 8 semanas.
Cada etapa será supervisada y monitoreada para garantizar la transparencia del proceso y mantener informada a la ciudadanía, asegurando coordinación permanente con las instituciones técnicas y de emergencia involucradas.