Una compleja investigación de la Fiscalía, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI), permitió desmantelar una organización dedicada a la falsificación de certificados de estudios, documentos que eran utilizados por particulares —principalmente extranjeros— para acceder de manera fraudulenta a licencias de conducir en la región de O’Higgins.
Cuatro personas fueron enviadas a prisión preventiva tras su formalización. Entre ellas se encuentran dos funcionarios activos del Ministerio de Educación (Mineduc) y dos ciudadanos extranjeros, a quienes se les atribuye haber emitido más de 5.500 certificados falsos en un periodo de cinco años, con ganancias que superan los 360 millones de pesos.
El fiscal a cargo del caso, Javier Von Bischoffshausen, explicó que la indagatoria permitió establecer el funcionamiento de la red. “Investigamos a una organización criminal dedicada a otorgar ilegalmente licencias de conducir, principalmente en la región de O’Higgins”, indicó.
El persecutor precisó que la corrupción no solo se detectó a nivel local, sino también en oficinas del propio ministerio. “Se estableció que no solo había funcionarios que incurrían en actos de corrupción en distintas partes de la región, sino también dentro del Mineduc en la Región Metropolitana”, afirmó.
Respecto al rol de los funcionarios involucrados, Von Bischoffshausen detalló: “Dos funcionarios, específicamente, se encargaban de otorgar certificados de educación ideológicamente falsos, es decir, acreditando estudios de personas que realmente no la tenían, principalmente ciudadanos extranjeros”.
El mecanismo incluía a intermediarios encargados de captar a los interesados, quienes pagaban por el documento adulterado. “Los documentos se otorgaban previo pago de otras personas que eran los captadores, en este caso ciudadanos extranjeros, que se dedicaban a obtener personas interesadas en obtener el certificado de educación, para luego obtener licencias de conducir ilegalmente”, explicó el fiscal.
Finalmente, reveló el alcance económico de la operación: “Estamos hablando de 5.500 certificados de educación, y esto les reportó desde 2020, al menos, a la fecha, solo vía transferencia, más de $360 millones de ganancia para estos dos funcionarios públicos”.
Los imputados enfrentan cargos por cohecho, soborno, falsificación de instrumento público y lavado de activos. El tribunal decretó prisión preventiva mientras avanza la investigación, que sigue abierta para determinar si existen más funcionarios o particulares vinculados.