A partir de este miércoles entra en vigencia en Chile la nueva normativa que obliga a las empresas a utilizar un prefijo numérico especial en sus llamadas comerciales. La medida busca entregar mayor transparencia a los usuarios, ayudándolos a diferenciar entre comunicaciones legítimas, promociones y eventuales intentos de estafa.
El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, explicó cómo funcionará el sistema. Según detalló, “si tú tienes una relación comercial con una institución, una empresa, por ejemplo, una clínica, un banco, y ellos necesitan contactarte por algo, esa llamada tiene que venir siempre con un 600 adelante. En cambio, si hay una institución que te quiere vender algo, esa llamada tiene que partir siempre con 809 y después un número, y así tú sabes que es una institución válida que te quiere vender algo”.
El llamado de alerta de la autoridad apunta a prestar atención a los números que no cumplan con estas condiciones. “Si te llaman de un +569, con número desconocido o incluso de un número del extranjero para venderte algo, mucho cuidado porque podría ser una estafa”, enfatizó Araya.
¿Cómo Denunciar Si Una Empresa No Cumple La Normativa?
El subsecretario señaló que los usuarios tienen a disposición un mecanismo de denuncia sencillo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Para ello, indicó que se debe “hacer una captura de la pantalla, tomar nota del número y reclamar ante la Subtel, en el sitio web reclamar que esa llamada era de tipo comercial y no venía marcada con el prefijo para que nosotros podamos tomar acción con la empresa que debió haberlos marcado”.
Multas Para Las Compañías Infractoras
En caso de incumplimiento, la Subtel podrá aplicar sanciones contempladas en la Ley General de Telecomunicaciones. Araya precisó que “nosotros tenemos un proceso de sanción que está escrito en la Ley General de Telecomunicaciones y que establece multas que van desde las 10 UTM hasta las 5.000 UTM, que son algo más de 300 millones de pesos. Eso es el máximo multa y tiene que ver con la gravedad de la falta y con la reincidencia”.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca no solo ordenar el mercado de las comunicaciones comerciales, sino también reforzar la seguridad de los usuarios frente al aumento de fraudes telefónicos.