El Segundo Juzgado de Letras de Arica dictó un fallo inédito en la región al sancionar al Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani por incurrir en discriminación arbitraria en contra de un niño de 9 años diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA) severo. La sentencia establece que el recinto asistencial no adoptó las medidas mínimas necesarias para garantizar una atención inclusiva y adecuada, vulnerando con ello los derechos fundamentales del menor.
El caso se remonta al 8 de octubre de 2024, fecha en que el niño fue llevado al hospital para recibir atención médica, la que finalmente no pudo concretarse debido a la falta de ajustes razonables por parte del personal. Según la resolución del tribunal, el menor no solo fue excluido de los procedimientos clínicos, sino que además sufrió un deterioro emocional acreditado por peritajes y testigos, lo que derivó en la pérdida de controles médicos y en una regresión conductual significativa.
El juez Gonzalo Quiroz Espinoza, a cargo de la causa, acogió la acción de no discriminación arbitraria interpuesta por la madre del menor y ordenó al centro hospitalario el pago de una multa de 50 UTM (poco más de $3,2 millones) por su conducta negligente. Además, el tribunal exigió la adopción de medidas inmediatas para garantizar que hechos como este no vuelvan a repetirse.
En el fallo se declara:
“Que el actuar del Hospital, al no adoptar ajustes razonables en la atención del niño (…), el 8 de octubre de 2024, constituyó una discriminación arbitraria conforme al artículo 2 de la Ley Nº20.609”, y se instruye al establecimiento a implementar protocolos inclusivos, capacitación obligatoria a todo su personal —con énfasis en los servicios de Pediatría y Nefrología— y una revisión exhaustiva de sus prácticas institucionales.
Asimismo, el tribunal indicó que “el daño emocional sufrido por el niño se encuentra suficientemente acreditado a través de la prueba testimonial y documental aportada”, lo que refuerza la gravedad de los hechos y la urgencia de una respuesta institucional efectiva.
Finalmente, el hospital fue condenado también al pago de las costas del proceso judicial, reafirmando la responsabilidad pública que le cabe como prestador de salud en el respeto a la dignidad y derechos de todos los pacientes, en especial de aquellos en situación de vulnerabilidad.