La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que el ciudadano venezolano imputado por el homicidio de un comerciante del barrio Meiggs, ocurrido el pasado 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, habría abandonado el territorio nacional utilizando un paso fronterizo no habilitado en el sector de Chacalluta, región de Arica y Parinacota.
Según antecedentes preliminares entregados por el Departamento OS9 de Carabineros, el sujeto —identificado por su participación directa en el crimen— habría pagado $2.500.000 por un viaje en un vehículo de aplicación hasta Iquique. Desde allí, tomó un bus con destino a Arica y posteriormente contrató un taxi hasta las inmediaciones de la frontera con Perú, evadiendo los controles migratorios oficiales.
El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, lidera la investigación del caso junto al OS9, luego de rastrear los desplazamientos del imputado tras abandonar el penal Santiago 1, donde sólo permaneció en prisión preventiva por un periodo de 24 horas.
“La información relativa a su salida del país fue proporcionada por Carabineros tras un minucioso seguimiento de sus movimientos posteriores al jueves 10 de julio”, señalaron desde el Ministerio Público.
Hasta ahora, hay tres personas imputadas por el asesinato en Ñuñoa; dos de ellas permanecen bajo prisión preventiva. Sin embargo, el principal autor material del crimen habría logrado escapar del país pese a la gravedad de los cargos que enfrenta.
Ante este hecho, el Ministerio Público indicó que se han iniciado gestiones con organismos internacionales para facilitar la captura y eventual extradición del prófugo, cuyo paradero actual se presume en el extranjero.
En paralelo, el fiscal Marcos Pastén, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, ha asumido una segunda investigación penal centrada en las circunstancias que permitieron la temprana liberación del imputado desde el penal. Esta arista cuenta con el apoyo especializado de cuatro unidades de la Policía de Investigaciones: Crimen Organizado, Cibercrimen, BIPE y Anticorrupción.
El caso ha encendido las alertas en el sistema judicial y penitenciario, abriendo cuestionamientos sobre los mecanismos de control y seguimiento en casos de alta connotación criminal, especialmente frente al avance del crimen organizado transnacional.