Chile da un paso histórico hacia la modernización del sistema notarial y registral, tras la aprobación definitiva de una reforma legal que reestructura profundamente el funcionamiento, fiscalización y nombramiento de notarios, conservadores y archiveros. La iniciativa, largamente esperada por la ciudadanía y demandada por expertos y organismos de fiscalización, promete más transparencia, mayor acceso y un control más riguroso sobre quienes ejercen estos cargos.
El proyecto, ahora convertido en ley, pone fin a privilegios tradicionales y avanza en digitalización, profesionalización del servicio y rendición de cuentas, en un sistema que ha sido duramente criticado por su opacidad, concentración de funciones y escasa competencia.
Fin Del Nombramiento Político-Judicial
Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del rol del Poder Judicial en el nombramiento de los notarios, conservadores y archiveros. En su reemplazo, se instaurará un sistema de Alta Dirección Pública (ADP), que seleccionará a los candidatos mediante concursos públicos basados en méritos, antecedentes profesionales y exámenes, presentando una terna al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien realizará la designación final.
Este mecanismo busca profesionalizar los nombramientos, reducir los márgenes de discrecionalidad y evitar los vínculos políticos o familiares que históricamente han influido en el acceso a estos cargos.
Modernización Obligatoria
La nueva normativa también impone estándares mínimos para el funcionamiento del servicio notarial, exigiendo condiciones adecuadas de infraestructura, equipamiento, atención al público y presencia digital. Todos los notarios deberán contar con páginas web informativas, canales de atención remota y uso obligatorio de tecnologías digitales para facilitar trámites y reducir la burocracia.
Se espera que estas exigencias mejoren la atención a los usuarios y terminen con prácticas obsoletas que dificultan el acceso a la información y prolongan innecesariamente los procesos.
Fiscalización Más Estricta Y Con Participación Del SERNAC
Hasta ahora, la fiscalización recaía en los ministros de las Cortes de Apelaciones. Con la reforma, ese rol será asumido por los fiscales judiciales de las Cortes y por el SERNAC, que supervisará el cumplimiento de los estándares de atención al usuario, la claridad de los cobros y la transparencia del servicio.
Esta medida representa un cambio clave en el control del sector, al incorporar a una institución enfocada en la defensa de los derechos de los consumidores.
Adiós A Los Cargos Vitalicios
Otro punto significativo es la eliminación de los cargos vitalicios. A partir de ahora, notarios, conservadores y archiveros deberán cesar en sus funciones al cumplir 75 años, estableciendo un límite etario que busca renovar el sistema y abrir paso a nuevas generaciones.
Además, se establecen inhabilidades expresas para quienes tengan vínculos de parentesco directo con autoridades políticas, judiciales o del Ejecutivo, una barrera que pretende evitar conflictos de interés y asegurar mayor independencia del sistema.
Aranceles Bajo Regulación Estatal
La fijación de tarifas por los servicios notariales dejará de ser un proceso cerrado. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos definirá las tasas mediante decretos fundados, previa consulta con la Fiscalía Judicial, lo que busca impedir cobros excesivos y asegurar que los precios estén justificados y sean uniformes.
Reforma Esperada, Pero No Exenta De Desafíos
Aunque ampliamente valorada por expertos y por la sociedad civil, esta reforma representa solo un primer paso en un proceso más profundo. Organizaciones como Chile Transparente y Fundación Ciudadano Inteligente han insistido en que se debe avanzar hacia una fiscalización aún más independiente, fortalecer los sistemas digitales y garantizar que los nombramientos por ADP mantengan altos estándares de transparencia y participación.
Con su promulgación, la ley inicia un proceso de implementación que requerirá voluntad política, recursos técnicos y vigilancia ciudadana. Lo cierto es que Chile comienza a cerrar la puerta a una estructura heredada del siglo XIX, abriendo espacio a un modelo más justo, eficiente y accesible para todas las personas.