El escándalo que involucra a cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) por tráfico de ketamina en un vuelo institucional será investigado por la justicia ordinaria, luego de que el Juzgado de Garantía de Iquique asumiera competencia sobre la causa.
La Fiscalía Regional de Tarapacá informó este sábado que el tribunal civil acogió el requerimiento de la fiscalía, luego de que el Juzgado de Aviación se declarara incompetente para continuar con el proceso. La determinación se sustenta en que el delito en cuestión «atenta contra un bien jurídico común y no contra uno de estricta naturaleza militar», explicó el Ministerio Público.
Como consecuencia, se adelantó la audiencia de formalización y solicitud de medidas cautelares para el martes 15 de julio a las 08:30 horas, reprogramando así la fecha originalmente fijada para el día 18 del mismo mes.
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, confirmó la resolución del tribunal:
“Hoy día se nos notificó por parte del Juzgado de Garantía de Iquique que aceptaba la competencia y, en atención a eso, fija audiencia para que el Ministerio Público pueda formalizar y debatir sobre las cautelares”, señaló.
Además, la persecutora indicó que se están afinando los detalles para la formalización de cargos:
“El Ministerio Público está estudiando todos los antecedentes y sí va a formalizar investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas del artículo 3° de la Ley 20.000”, sostuvo, agregando que aún se evalúa el nivel de participación de cada imputado.
Respecto a la posibilidad de que existan más involucrados o ramificaciones del caso, Steinert aseguró que la fiscalía continuará indagando con otras líneas investigativas:
“Obviamente, vamos a seguir con las restantes líneas investigativas para ver el aspecto patrimonial y, además, si existen otros responsables de este hecho”, enfatizó.
El caso se remonta a mayo de este año, cuando se descubrió un cargamento de ketamina a bordo de una aeronave institucional, supuestamente destinado a ser introducido de manera ilícita en el norte del país. La causa ha generado impacto en el ámbito castrense y en la opinión pública, debido al uso de recursos y medios estatales en un presunto delito de tráfico de drogas.