En una decisión sin precedentes recientes, la Corte Suprema resolvió este lunes destituir al director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán Sanza, y al subdirector, Zvonimir Koporcic Alfaro, tras el escándalo generado por la fallida adquisición de una flota de vehículos de lujo para uso de ministros y ministras del máximo tribunal.
La medida fue adoptada tras una prolongada investigación sumaria instruida por la propia Corte Suprema, que buscó determinar responsabilidades administrativas en el intento de compra de 22 automóviles de alta gama, una operación presupuestada en casi 1.300 millones de pesos.
Según informó el Poder Judicial mediante un comunicado oficial, “el Pleno de la Corte Suprema confirmó la sanción aplicada al director y subdirector de la CAPJ, en el sumario interno realizado por su responsabilidad en la fallida renovación de los vehículos de los ministros y ministras y fiscal del máximo tribunal”.
El tribunal precisó que la sanción —una suspensión de funciones por un mes— fue finalmente revisada y recalificada por el Pleno, que optó por la destitución de ambos funcionarios al considerar que se había producido una “pérdida de confianza” en el ejercicio de sus funciones.
La Polémica De Los «Lexus»
La controversia estalló a inicios de 2024, cuando trascendió que el Poder Judicial había aprobado la adquisición de 22 automóviles de alta gama —presuntamente de la marca Lexus, con un valor individual cercano a los 56 millones de pesos— para renovar la flota destinada a ministros, ministras y el fiscal judicial de la Corte Suprema.
La decisión fue duramente cuestionada por diversos sectores del mundo político y la ciudadanía, considerando el contexto económico del país y los principios de austeridad que rigen el uso de recursos públicos.
Tras la presión mediática y política, el proceso de compra fue rápidamente suspendido y se ordenó una revisión interna para esclarecer eventuales irregularidades administrativas.
En ese marco, Ricardo Guzmán presentó su renuncia voluntaria, la cual no fue aceptada en ese momento por el máximo tribunal, que optó por seguir adelante con el proceso disciplinario.
Repercusiones Institucionales
La decisión de remover a los dos altos cargos de la CAPJ no solo representa una señal de responsabilidad interna, sino también un intento del Poder Judicial por restablecer la confianza pública en su actuar administrativo.
La Corporación Administrativa es la entidad encargada de gestionar los recursos humanos, financieros y logísticos del Poder Judicial chileno. Su conducción, por tanto, es clave para garantizar el funcionamiento eficiente, transparente y responsable de la institución.
Aunque la compra de los vehículos no llegó a materializarse, el caso generó un fuerte debate sobre el uso de fondos públicos, los criterios de gasto al interior del Poder Judicial y la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión sobre decisiones administrativas sensibles.
Con esta resolución, la Corte Suprema cierra uno de los episodios más tensos en su gestión interna reciente, pero deja instalada la exigencia de mayor transparencia y racionalidad en las decisiones que involucran dineros fiscales.