Una pena única de 17 años y 300 días de presidio efectivo obtuvo la Fiscalía de Arica contra un acusado que abusó sexualmente y violó a su sobrina, a quien posteriormente embarazó y la forzó a abortar, hechos registrados entre los años 2018 y 2024, en la ciudad.
La investigación dirigida por la Fiscalía local junto a detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, permitió acreditar la autoría del acusado en los delitos de abuso sexual reiterado, violación, estupro reiterado y aborto.
Debido a su rol constitucional de proteger a quienes han sido víctimas o testigos de un delito, la Fiscalía no identificará al acusado, a fin de evitar que esa información permita identificar al o los afectados.
El primero de los hechos se registró en una época indeterminada del año 2018, mientras la víctima- de 9 años de edad a la fecha- se encontraba bajo la custodia y cuidado de su tía materna y del acusado, conviviente de ésta última.
El acusado, abusando de la relación de dependencia, mantuvo las conductas lesivas en contra de la menor de edad, y en una fecha no determinada entre los meses de junio y julio de 2024, la adolescente resultó embarazada. El individuo, en conocimiento de lo anterior, y con el objeto de causar la interrupción del embarazo, viajó a la ciudad de Tacna, Perú, donde adquirió pastillas de tipo abortivas, y una vez de regreso en la ciudad de Arica, se las entregó a la adolescente, con el objeto de que la ingiriera y causara la interrupción anticipada de su embarazo.
Cabe señalar que, en el contexto descrito, el acusado, siendo una figura paterna y de autoridad respecto de la víctima, la manipuló señalándole que solo tenía dos opciones; la primera era mentirle a su tía y decirle que tenía “pololo”, y que con este había tenido relaciones sexuales; o bien tomar las pastillas abortivas y hacer como si eso nunca hubiera pasado para que todo siguiera igual.
Así, conforme las indicaciones que le dio el acusado, la víctima ingirió dichas pastillas abortivas, provocando con ello la interrupción de su embarazo y la expulsión de un feto que estaba en gestación dentro de su cuerpo.
Posteriormente el acusado recogió el feto, lo envolvió en una toalla y lo guardó en un tarro hasta la mañana siguiente, oportunidad en que lo trasladó y enterró en una toma que habitaba con anterioridad.
A través de diversas diligencias investigativas, funcionarios de la Policía de Investigaciones concurrieron al sector ya señalado, lugar donde hallaron al feto enterrado bajo tierra y cubierto por una toalla, permitiendo establecer que mantenía alrededor de 12 semanas de gestación a la fecha de interrupción del embarazo.