Expertos subrayan la necesidad de procesos individualizados para los más de 25 mil funcionarios involucrados, indicando que las consecuencias legales dependerán de los resultados de los sumarios y los montos asociados a las licencias mal utilizadas.
Un reciente informe de la Contraloría ha desatado una controversia significativa al revelar que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas entre 2023 y 2024. Esta situación ha generado un amplio rechazo y ha puesto en marcha diversas acciones a nivel gubernamental y legislativo.
En respuesta a esta problemática, el Ministerio de Hacienda ha anunciado la creación de un Comité Nacional de Ausentismo. El objetivo de este comité será coordinar estrategias, establecer directrices y fomentar buenas prácticas para prevenir y reducir el ausentismo en la Administración Pública.
Repercusiones en el Congreso y Acciones Legales
La situación también ha resonado fuertemente en el Congreso. El diputado Felipe Donoso (UDI) ha manifestado su intención de solicitar la comparecencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, ante la comisión de Hacienda, para que «explique cómo va a perseguir los fondos» de los funcionarios que realizaron viajes al extranjero. Por su parte, la senadora Luz Ebensperger (UDI) ha identificado tres tipos de responsabilidades que, a su juicio, deben ser investigadas: «Hay responsabilidades administrativas, son funcionarios públicos, debieran ser destituidos por falta a la probidad; en segundo lugar, hay una responsabilidad civil, tienen que devolver los dineros mal habidos; y tercero, hay una responsabilidad penal».
En paralelo, el senador Juan Luis Castro (PS), miembro de la comisión de Salud del Senado, se ha reunido con el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, para conocer las medidas que el organismo tomará al respecto. Letelier expresó la «máxima disposición» para resguardar los fondos públicos, aunque enfatizó que para iniciar acciones legales es imprescindible que los distintos servicios donde laboran los funcionarios implicados inicien los respectivos sumarios administrativos.
Responsabilidad Administrativa: Sumarios en Curso
La Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, a través de su directora Javiera Martínez, anunció la instrucción a los servicios públicos para que, en un plazo de 72 horas (que venció la noche del viernes), se iniciaran los sumarios administrativos contra los funcionarios que hicieron un uso indebido de licencias médicas. Esta medida no solo busca aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes, sino también el reintegro de los montos asociados a dichas licencias.
Francisco Leturia, ex presidente del Consejo para la Transparencia, explica que las sanciones resultantes de estos sumarios «depende bastante de lo que (los organismos) quieran hacer, porque con los sumarios hay una infracción absoluta, entonces si quieren dar medidas ejemplificadoras podrían hacerlo; de momento, mientras hacen el sumario los pueden suspender, y después, para los casos más graves, en caso de que no tengan ninguna atenuante, los pueden despedir». Sin embargo, Leturia advierte que el resultado de los sumarios puede ser variable, ya que «los sumarios son súper manejables, cuando uno sabe a quién le pasaron el sumario, ya sabe básicamente cuál es la sanción que se va a proponer».
Julián Ortiz, académico de la Escuela de Administración Pública UDP, enfatiza la importancia de la individualidad en estos procesos: «lo importante es que la responsabilidad es personal y la sanción debe provenir de un procedimiento administrativo particular». Esto se debe a que «no existen los procesos generales y cada uno de los 25.000 funcionarios tiene derecho a un procedimiento administrativo propio».
Responsabilidad Penal: Investigando Posibles Delitos
En el ámbito penal, los expertos consultados diferencian las responsabilidades que podrían recaer, principalmente, sobre los médicos que emitieron las licencias y, en menor medida, sobre los propios funcionarios, aunque este último escenario presenta mayor complejidad.
Gustavo Beade, abogado penalista de la Universidad Austral, sugiere que, en el caso de los médicos, la primera acción debería ser identificar si existe una «red que estén dando licencias falsas». Respecto a los funcionarios, Ortiz señala que «en materia penal, la configuración de un delito de fraude al fisco requiere que el autor del delito de fraude al Estado interviniendo debido a su cargo, lo que no parece ser parte de esta situación, pero eventualmente si pudiera existir un uso fraudulento de instrumento público».
Jorge Cabrera, abogado de derecho penal y socio del estudio Winter Etcheberry, plantea la posibilidad de un fraude de subvenciones si «se hubieran obtenido efectivamente, y de forma engañosa, prestaciones del Estado, en el caso de las personas que estuvieran aseguradas con Fonasa». Asimismo, podría configurarse un delito de fraude de seguro en el caso de asegurados por isapre, siempre bajo el entendido de que las entidades que pagan las prestaciones son distintas. Cabrera detalla que las penas para estos delitos de fraude se establecen en el artículo 467 del Código Penal, variando según el monto defraudado. «Es un rango de pena bastante amplio que tiene hasta los cinco años, sin embargo, es improbable que se llegue a eso, porque tendrían que llegar a unas 40 mil UTM, lo que, en estos casos de licencias médicas, sería inviable», concluye.
Responsabilidad Civil: Reintegro de Fondos Públicos
Julián Ortiz indica que todas las sanciones administrativas y penales descritas previamente «podrían ser antecedentes de una responsabilidad civil posterior en donde el Estado solicite el reintegro de las sumas percibidas». Los montos por reintegrar se determinarán en cada caso particular, pero es evidente que este tipo de acciones generan un perjuicio fiscal.
Según datos de la Dipres, la proyección del gasto fiscal en reemplazos y suplencias asciende a US$350 millones solo en 2024. Adicionalmente, cifras del centro de estudios Horizontal (ligado a Evópoli) revelan que tan solo en 2023, el gasto de Fonasa en licencias médicas para trabajadores del Estado superó los US$1.540 millones. De este monto, «El 52,1% del gasto se destinaría a funcionarios del Gobierno Central y 47,9% a el resto de los trabajadores del sector público, excluyendo a las Fuerzas Armadas», según el documento de Horizontal.