Confrontación entre grupos criminales vinculados al Tren de Aragua y al Tren del Coro genera terror y muerte en la ciudad de la eterna primavera.
La pugna por el control territorial entre dos bandas delictivas, identificadas como «Los Gallegos» –con nexos con el Tren de Aragua– y el autodenominado «Tren del Coro», ha provocado una escalada de violencia en Arica, resultando en la pérdida de al menos cuatro vidas y dejando a seis personas con heridas de gravedad. La incineración de vehículos y una creciente sensación de inseguridad han retornado a las calles de la ciudad ubicada en el extremo septentrional de Chile.
En los últimos sesenta días, al menos cuatro individuos, tres de nacionalidad venezolana y un ciudadano peruano, han perdido la vida en Arica a consecuencia del enfrentamiento entre estas dos organizaciones criminales, cuyo principal interés radica en el dominio del área contigua al terminal de buses de la ciudad.
El grupo conocido como «Tren del Coro» surgió en la misma ciudad tras las primeras intervenciones policiales dirigidas contra «Los Gallegos» a mediados de 2022. Esta agrupación, de origen local, mantiene vínculos con la organización transnacional Tren de Aragua.
Ambas estructuras criminales tienen su origen en el penal de Tocorón, en Venezuela. Al extender sus operaciones a Chile a finales de la década pasada, se «repartieron» los dos principales pasos fronterizos irregulares del norte del país para facilitar el ingreso de personas migrantes venezolanas. De esta manera, «Los Gallegos» asumieron el control de las «trochas» cercanas a Chacalluta, mientras que el Tren de Aragua propiamente tal se estableció en el paso que conecta Colchane con Pisiga, en Bolivia, la principal ruta de acceso al territorio chileno.
Luego de las primeras detenciones masivas de integrantes de «Los Gallegos» por parte de la PDI, individuos que se desvincularon de esta organización formaron su propia banda, denominada «Tren del Coro». A diferencia de «Los Gallegos», cuya base de operaciones se encontraba en el cerro Chuño, el «Tren del Coro» se estableció en la zona urbana, específicamente en las inmediaciones del terminal de buses, controlando el tráfico de estupefacientes en el área de la plaza Diego Portales e incursionando en el tráfico de personas, la extorsión y la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Una investigación inicial sobre este último grupo culminó a mediados del año anterior con la condena de tres de sus miembros, incluyendo a su líder de origen colombiano, Germán Padilla Díaz. Este proceso judicial se desarrolló en paralelo al de «Los Gallegos», cuyas sentencias se dieron a conocer el 6 de marzo pasado, tras la conclusión del juicio en noviembre del año anterior.
Tras el encarcelamiento de Padilla, la dirección del «Tren del Coro» –denominado así por la procedencia venezolana de varios de sus integrantes, originarios de la ciudad de Coro– fue asumida por un sujeto conocido únicamente por su alias, «El Guayo».
Durante varios meses, ambas bandas operaron de manera relativamente discreta en sus respectivos territorios. Sin embargo, el 1 de enero ocurrió lo que una fuente policial describió como una «invasión» de «Los Gallegos» al territorio del «Tren del Coro», al identificar a dos miembros de la otra agrupación en lo que consideraban su zona de influencia. Sin mediar diálogo, les dispararon en repetidas ocasiones, logrando ambos sobrevivir, aunque uno de ellos resultó gravemente herido.
Posteriormente, en la madrugada del 25 de marzo, un enfrentamiento armado entre miembros de ambas organizaciones criminales tuvo un desenlace fatal para un ciudadano peruano que se encontraba en su hogar y que no tenía ninguna relación con los delincuentes. La víctima fatal fue alcanzada por un proyectil que ingresó a su vivienda. Estos sucesos fueron precedidos por la quema de vehículos en el cerro Chuño.
Pocas horas después, alrededor de quince migrantes se congregaron en la intersección de los pasajes 7 y 8 en el cerro Chuño. En ese momento, aparecieron dos vehículos Mazda Demio con entre cuatro y cinco individuos a bordo, quienes abrieron fuego indiscriminadamente contra el grupo, asesinando a dos ciudadanos venezolanos identificados como José Luis Vásquez Palacios y Víctor Moisés Sánchez Rivero, quienes no tenían vínculos con «Los Gallegos» ni con actividades ilícitas. Eran trabajadores de la construcción que celebraban la finalización de una jornada laboral y el pago de sus salarios.
Además, otras cuatro personas sufrieron heridas de gravedad. La investigación en el sitio del suceso y los peritajes realizados por el OS-9 de Carabineros permitieron identificar a uno de los atacantes como Jhomenl Rafael Duin Quintero, venezolano perteneciente al «Tren del Coro», quien fue detenido y formalizado por seis homicidios, cuatro de ellos en grado de frustrado y dos consumados.
El crimen más reciente tuvo lugar el 10 de abril, cuando otro ciudadano venezolano, Johangel Ramos Bernal, transitaba por la calle O’Higgins junto a una joven. Imágenes de video obtenidas por la Brigada de Homicidios de la PDI muestran cómo un vehículo Honda Fit se detuvo detrás de ellos en una esquina. Del automóvil descendieron dos sujetos de la misma nacionalidad: Carlos Ocanto Méndez, conocido como «Carlitos», y Wilmer González López, apodado «Pelón», quienes dispararon al menos 24 veces contra la víctima en cuestión de segundos, empleando una técnica que fuentes policiales describen como característica de las ejecuciones perpetradas por organizaciones criminales mexicanas o centroamericanas.
Ocanto fue detenido el 23 de abril y formalizado de inmediato, quedando en prisión preventiva. El segundo sujeto fue arrestado por la PDI y formalizado el martes reciente, siendo también ingresado a prisión en un ambiente penitenciario marcado por la tensión.
Esta tensión en los recintos penitenciarios se debe a los planes de fuga de miembros de «Los Gallegos» descubiertos en los últimos meses. Tres individuos vinculados a esta organización fueron formalizados por delitos contemplados en la Ley Antiterrorista, ya que además de intentar derribar los muros de la cárcel de Acha con explosivos, también planeaban la colocación de un coche bomba en las afueras del edificio de los tribunales de Arica en señal de protesta por las condenas recibidas en marzo.
