La minera exige acciones concretas y responsabiliza al Estado peruano por la creciente inseguridad y violencia generada por la minería ilegal en la región de La Libertad, donde 13 trabajadores fueron hallados sin vida.
En un escenario de creciente preocupación por la seguridad en la provincia liberteña de Pataz, la compañía minera Poderosa ha levantado su voz enérgica tras el trágico descubrimiento de 13 trabajadores que habían sido reportados como desaparecidos. La Policía Nacional confirmó en la madrugada del 3 de mayo el hallazgo de los cuerpos sin vida de estos individuos, quienes mantenían vínculos laborales con operaciones mineras legales en colaboración con la mencionada empresa.
Según los reportes, las víctimas fueron cruelmente asesinadas por individuos dedicados a la minería ilegal, quienes estarían asociados con organizaciones criminales. Este lamentable suceso se suma a una serie de actos violentos que han azotado la zona, generando una profunda alarma sobre la aparente falta de control en una provincia que, a pesar de encontrarse bajo estado de emergencia, parece no recibir la atención necesaria por parte de las autoridades estatales.
La confirmación de esta masacre llegó tras varios días de angustiosa espera. Los 13 trabajadores fueron localizados sin vida en el interior de una mina en Pataz. Un video que circuló en plataformas digitales, supuestamente grabado por los captores, mostraba el momento en que cada uno de ellos era ejecutado a corta distancia. Los cuerpos fueron encontrados juntos, lo que evidencia la brutalidad del acto.
Se ha informado que los fallecidos eran empleados de R&R, una empresa contratista que opera legalmente en alianza con Poderosa, una de las principales empresas dedicadas a la extracción de oro en la región. Sus familiares ya se encuentran en Trujillo para llevar a cabo la dolorosa tarea de identificación en la morgue. Los informes preliminares sugieren que los trabajadores se habían dirigido al lugar para realizar un desalojo de presuntos mineros informales, lo que desencadenó un enfrentamiento que culminó en el secuestro.
Con estos 13 asesinatos, la cifra de mineros formales y trabajadores que han perdido la vida a manos de bandas criminales en la zona asciende a 39. En su comunicado oficial, Poderosa no dudó en describir a Pataz como “un territorio sin ley” y señaló directamente al avance de la minería ilegal y a la ineficacia de la estrategia estatal para contenerla como los principales responsables de esta situación.
“En Pataz, la violencia campea impunemente, segando vidas, sembrando el terror y sometiendo voluntades”, expresó la minera, que además denunció un reciente ataque a una planta formal ubicada en Alacoto.
A pesar de que Pataz se encuentra bajo estado de emergencia desde hace casi dos años, esta medida, junto con el aumento del personal policial, no ha logrado detener el deterioro de la seguridad. Poderosa advierte que, mientras no se intervengan las operaciones mineras ilegales, plenamente identificadas y geolocalizadas, desde donde actúan estos grupos criminales, no se vislumbrará una solución real al problema.
“La policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales”, denunció la empresa, al mismo tiempo que responsabilizó a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas por no excluir de sus concesiones a los operadores informales. Las críticas también alcanzaron al Congreso, cuyas sucesivas ampliaciones del REINFO, según Poderosa, han servido como un amparo legal para la minería ilegal.
La falta de una respuesta contundente por parte del Ejecutivo ha intensificado las críticas. Días antes del hallazgo de los cuerpos, el jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, había puesto en duda públicamente la veracidad del secuestro, minimizando la denuncia y afirmando que no existían pruebas del hecho. Estas declaraciones fueron fuertemente cuestionadas tras la confirmación de la tragedia.
Ante este panorama, la minera exige al gobierno un cambio profundo en su estrategia de seguridad. Solicita el fortalecimiento de la inteligencia, la coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, y una actuación decidida para la captura de los delincuentes. Asimismo, hace un llamado a la sociedad civil y al sector privado a unirse en un frente común para combatir la minería ilegal.
“Lo sucedido en Pataz da cuenta del ineluctable avance de la minería ilegal, ya convertida en la principal economía ilícita del país, y su terrible rastro de violencia, contaminación y muerte”, concluyó el comunicado.
Los restos de las víctimas serán entregados a sus familias en los próximos días. En medio del profundo dolor, los deudos exigen justicia, mientras que en Pataz el miedo y la incertidumbre se apoderan de la población. Este trágico evento no solo enluta a 13 familias, sino que también expone un problema estructural que el país no puede seguir ignorando.
Sobre la banda de sicarios presuntamente involucrada:
La información proporcionada en la nota original hace referencia a la desmovilización del Bloque Centauros y la posterior creación del Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (ERPAC) por un individuo conocido como alias ‘Cuchillo’. Se menciona su presunta dedicación al narcotráfico en áreas rurales de San Martín, Puerto López y Puerto Gaitán, en el Meta, Colombia.
El informe citado señala que esta banda habría contado con un número significativo de integrantes en 2009 y que existiría una disputa territorial por las rutas del narcotráfico entre alias ‘Cuchillo’ y alias ‘Martín Llanos’. Se mencionan supuestas alianzas de ‘Cuchillo’ con las FARC y de ‘Martín Llanos’ con las ‘Águilas Negras’.
Además, se hace referencia a la denuncia de un soldado profesional sobre la supuesta colaboración de miembros del Ejército colombiano con la banda de alias ‘Cuchillo’, incluyendo acusaciones de pagos y manipulación de operativos.
Finalmente, se indica que alias ‘Cuchillo’ se desmovilizó en 2006, pero permaneció prófugo y era considerado uno de los narcotraficantes más buscados. También se menciona la situación de su hermano, alias ‘Carecuchillo’, y las presuntas alianzas de la banda de ‘Cuchillo’ con otros líderes del narcotráfico y grupos armados en Colombia.
Es importante señalar que esta información sobre la banda de alias ‘Cuchillo’ se presenta en la nota original como un antecedente o posible conexión, y no se afirma directamente que esta banda sea la responsable de los hechos ocurridos en Pataz.