La negociación entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) por el reajuste del salario mínimo llegó a un punto muerto, luego de que la organización sindical desestimara la última oferta presentada por el Gobierno, abriendo paso a una nueva etapa del debate en el Congreso Nacional.
Tras cinco rondas de conversaciones sin consenso, el Ejecutivo confirmó que ingresará su propia propuesta legislativa, mientras que la CUT anunció que buscará incidir directamente en la tramitación parlamentaria para modificar el monto planteado.
El principal desacuerdo radica en la diferencia entre ambas posiciones. La multisindical propuso elevar el ingreso mínimo a $637.000, argumentando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores. En contraste, el Gobierno planteó un reajuste acotado, vinculado únicamente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que se traduce en un aumento cercano a los $23.000.
El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, criticó con dureza la propuesta del Ejecutivo, señalando que “Manifestamos nuestro rechazo a la propuesta que nos manifestó el ministro Quiroz y el ministro Arrau, porque la consideramos insuficiente. No cumple ninguna de las expectativas que consideramos necesarias”.
Desde la organización explicaron que su planteamiento busca compensar el impacto que ha tenido el aumento del costo de la vida, el cual —según sostienen— ha deteriorado significativamente los ingresos reales de los trabajadores en los últimos años.
Además, la CUT advirtió que el salario mínimo no solo afecta el ingreso base, sino que también incide en otros componentes de las remuneraciones, como horas extraordinarias, bonos y distintos beneficios laborales que se calculan en función de este indicador.
En paralelo, la multisindical expresó reparos a la mirada del Gobierno respecto de recientes reformas laborales, cuestionando que iniciativas como la reducción de la jornada a 40 horas o la Ley Karin estén siendo evaluadas desde una perspectiva centrada en los costos, más que en el bienestar de las personas.
Con el proceso de diálogo cerrado por ahora, la CUT adelantó que iniciará gestiones con parlamentarios de distintos sectores políticos para intentar introducir cambios durante la discusión legislativa. En esa línea, Díaz remarcó que “Iremos al Parlamento a poner nuestras posiciones (…) y hacerles entender que hoy día las cosas son más caras en el mes de abril que en el mes de enero”.
De este modo, el debate por el nuevo salario mínimo entra en una fase clave, donde el Congreso tendrá la última palabra en una discusión marcada por tensiones entre crecimiento económico, empleo y calidad de vida de los trabajadores.