Una nueva resolución judicial reconfigura el escenario de la minera Quiborax S.A. en el Salar de Surire, luego de que el Primer Tribunal Ambiental determinara levantar parcialmente la medida cautelar que mantenía paralizadas sus operaciones. La decisión permite retomar ciertas actividades, aunque bajo un marco altamente restringido y con exigencias ambientales reforzadas.
El fallo establece que la empresa podrá ejecutar labores específicas, como la nivelación de zonas previamente intervenidas durante 2024 y 2025, además del retiro y traslado de ulexita acopiada fuera del área protegida del sitio Ramsar. Estas acciones deberán cumplir estrictamente con las condiciones técnicas y ambientales ya fijadas por el tribunal.
Asimismo, se autorizó un régimen acotado de explotación minera que se desarrollará entre mayo y noviembre de 2026. Esta autorización considera intervención en 12 sectores definidos fuera de las zonas más sensibles del ecosistema, con un límite total de 320 mil toneladas y un máximo mensual de 55 mil toneladas. Entre las restricciones más relevantes, se prohíbe superar los 60 centímetros de profundidad en la extracción y queda expresamente impedida cualquier intervención que implique alumbramiento de agua.
Antes de iniciar estas faenas, la compañía deberá presentar un plan de trabajo actualizado en un plazo de 10 días hábiles, el cual deberá incluir detalles técnicos, medidas de mitigación ambiental y un sistema de reportes periódicos. Este documento deberá ser aprobado por el tribunal.
El control de estas operaciones quedará en manos de organismos como SERNAGEOMIN, CONAF y la Dirección de Vialidad regional, quienes tendrán la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de todas las exigencias impuestas.
En materia logística, el tribunal también ordenó a la empresa presentar una propuesta de conservación vial para las rutas utilizadas en el transporte del mineral, particularmente en tramos críticos donde se requerirán medidas como humectación del camino para mitigar impactos. Mientras esta propuesta no sea aprobada, no se podrán ejecutar intervenciones en dichas vías.
La resolución no fue unánime. La ministra Sandra Álvarez votó en contra del levantamiento parcial, argumentando que las medidas presentadas por la empresa no garantizan de forma suficiente la protección ambiental del salar frente a una eventual reactivación de actividades extractivas.
Este proceso judicial se remonta a julio de 2024, cuando el Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda por daño ambiental, lo que derivó en la paralización total de las operaciones dentro del Salar de Surire. Desde entonces, el tribunal ha ido flexibilizando gradualmente algunas actividades bajo condiciones excepcionales, manteniendo como eje central la protección del ecosistema.
Con esta nueva resolución, se abre una etapa intermedia en la disputa, donde la actividad minera podrá avanzar de forma limitada mientras continúa el proceso judicial que definirá el futuro definitivo del proyecto en esta zona de alto valor ambiental.